Las fiestas electrónicas en el ojo de la tormenta
"Reducción de
daños." Esa definición se puso sobre la mesa en la última sesión del
Concejo Municipal de Rosario, la semana pasada, cuando al calor de la tragedia
en la Time Warp de Costa Salguero se aprobó por unanimidad una ordenanza que
abre paso a la polémica en torno al abordaje del consumo de drogas sintéticas
en las fiestas electrónicas.
Uno de los puntos de la
normativa prevé el análisis de las drogas para confirmar que las pastillas
ilegales no provoquen riesgos mayores para la salud de quienes las consuman.
Fue la salida que encontraron aquí para abordar el tema tras la muerte de cinco
jóvenes que consumieron las píldoras conocidas como Superman en el festival
electrónico de hace nueve días en la Capital.
Cuando se aprobó la
ordenanza -impulsada por la presidenta del cuerpo, Daniela León- se hizo hincapié
en que este modelo de "reducción de daños" es aplicado en otros
países, como España, Francia y Colombia. Quedó flotando en el aire una
discusión más profunda: más allá de la reducción de riesgos, hasta dónde puede
intervenir el Estado en un tema en el que no sólo hay consumo de sustancias
prohibidas e ilícitas, sino también venta y comercialización de
estupefacientes.
Mónica Liborio, directora
de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las
Adicciones (Aprecod) de Santa Fe, dijo a la nacion que la ordenanza aprobada
por el Concejo Municipal de esta ciudad "es una opción para reducir daños,
pero de ninguna manera se puede pensar que brinda o aporta una solución"
al problema. "Creo que no se puede reglamentar lo que es irreglamentable
[sic]", apuntó la funcionaria, que se hizo cargo del área a fines de marzo
pasado.
"Debemos buscar
otras respuestas y no quedarnos en los versus y los contras. La discusión debe
ser más amplia y no buscar reacciones apresuradas. Desde el Estado les tenemos
que dar herramientas a nuestros jóvenes para que le digan no al consumo de
estupefacientes. Por eso empezamos a trabajar en el sistema educativo con un
programa que empieza desde el jardín de tres años", analizó Liborio.
La concejal León expresó,
en un comunicado, que "la cuestión es tener un plan alternativo para
cuando la prevención del consumo de drogas fracasa, de manera que se definió un
plan de acción dirigido a que los especialistas intervengan en los aspectos
operativos".
"Lo que le
encomendamos a la intendencia es que se actúe de manera conjunta en la
definición de las estrategias de reducción de daños, en la capacitación del
personal que estará en el terreno cuando haya este tipo de fiestas y en el
relevamiento de las drogas que se estén consumiendo en los eventos. Ya vimos lo
que ocurrió en Buenos Aires por falta de preparación ante la crisis",
sostuvo la concejala radical.
En la ordenanza aprobada
se solicita a la intendenta Mónica Fein que firme un convenio con el Centro de
Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida (Ceads), que pertenece a la
Universidad Nacional de Rosario. Esta entidad tiene una extensa experiencia en
programas de reducción de daños y desde hace tiempo ha ofrecido información
sobre el uso de éxtasis y el testeo de pastillas. León explicó que "en
Rosario este tipo de fiestas se realizan con bastante frecuencia y esta
proliferación en Buenos Aires de las drogas que ocasionaron las muertes nos
puso en alerta".
Jorge Boasso, concejal de
la UCR, aliado a Unión Pro, sostuvo que "la decisión del Concejo Municipal
de Rosario fue "apresurada" y reconoció que "no hubo un debate
serio y profundo" sobre el tema. "El Estado no puede perder de vista
que lo que mata a los jóvenes es la droga, no sólo la que está adulterada, sino
todas las sustancias que hacen daño y son la causa de las adicciones",
advirtió el edil, que no participó de la votación.
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