El consumo de paco convierte a sus adictos en parias sociales
Por Daniel Gallo (La Nación)
Más allá del control de
las fronteras, el Gobierno espera reducir la actividad del narcomenudeo, de
esas redes que a veces son tomadas como eslabones menores en el negocio de la
droga, pero que se transformaron en los actores fundamentales para el
crecimiento del mercado local. Una de las variantes analizadas para cambiar el
foco de prevención es el incremento de penas para los vendedores de paco. En
los últimos días de diciembre, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto
en ese sentido. Y entre los argumentos se estimó que "en nuestro país se
consumen unas 400.000 dosis de paco por día".
A un precio promedio de
20 pesos la unidad, el comercio minorista de paco mueve 3000 millones de pesos
cada año.
El proyecto fue ingresado
en la Cámara baja antes de fin de año para que sea uno de los primeros temas a
tratar a partir de marzo. Fue promovido por la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, y forma parte de una táctica oficial de impulsar reformas legales
específicas que no sean trabadas en largos debates de megaproyectos.
La iniciativa pide la
modificación de dos artículos de la ley 23.737, la llamada ley de drogas, para
aumentar las penas a vendedores y habilitar el tratamiento compulsivo de
consumidores de paco. La propia ley 23.737 es cuestionada por su falta de
actualización y la incorporación en una misma norma de temas vinculados con la
represión al narcotráfico y la atención de adictos. Existe la intención oficial
de poner en debate esa ley, pero la necesidad de avanzar más rápido en
cuestiones que no generarían posiciones antagónicas llevó al Gobierno a
presentar por ahora reformas parciales, tal como comentaron funcionarios del
Ministerio de Justicia. Adecuar los valores de las multas económicas para los
narcotraficantes figura en otro proyecto enviado al Congreso que, en
definitiva, es una nueva modificación a la ley 23.737.
En el caso de la
iniciativa que lleva la firma de Bullrich y del jefe de Gabinete, Marcos Peña,
se pide una sanción de 6 a
18 años de prisión para los vendedores de paco. Hoy la pena tiene una escala de
4 a 15 años, común para cualquier caso de venta de drogas. El Gobierno espera
así pasar un mensaje sobre su decisión de poner foco en el comercio de paco.
"El fundamento de la
política criminal que motiva las modificaciones propuestas se basa en la
profunda adicción que provoca esta sustancia, y el rápido y enorme deterioro
biológico y emocional que causa en sus consumidores, sobre todo en los más
jóvenes", se argumentó en el proyecto de ley. Y se agregó que el consumo
"se incrementó un 200% en los últimos años".
La última estadística
disponible es el estudio sobre la población de 16 a 65 años que la Sedronar
realizó en 2010. Funcionarios de esa secretaría de Estado explicaron que a
mediados de año se tendrán los resultados del nuevo sondeo nacional, y que los
análisis de las primeras informaciones obtenidas avalan un crecimiento del
consumo de paco y de todas las drogas. En 2010 se había establecido que el
consumo de paco alcanzaba al 0,2% de la población estudiada, unas 37.000
personas. La atención de esos adictos también es motivo del pedido de reforma
parcial de la ley 23.737.
"Cuando en cualquier
etapa del sumario se advirtiere que, por la dependencia física o psíquica a la
pasta base de cocaína, una persona se encontrare en riesgo cierto e inminente
de daño para sí o para terceros, el magistrado competente deberá dar intervención
urgente a un establecimiento habilitado por la autoridad sanitaria", se
solicitó en el proyecto de reforma parcial de la ley 23.737.
Se indicó, además, que
"esta disposición deberá ser aplicada cualquiera sea la situación procesal
de la persona afectada por el consumo de pasta base". Responde ese punto a
un pedido de madres de chicos adictos y a la posición de los llamados curas
villeros.
Si bien la ley de salud
mental prohibió los tratamientos de rehabilitación sin el consentimiento del
paciente, la Casa Rosada indicó que esa alternativa es aprobada por el nuevo
Código Civil.
Una reforma parcial en la ley de drogas
Aumento de penas
El proyecto de ley
enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en los últimos días de diciembre
pasado pide establecer una escala de sanciones de 6 a 18 años de prisión para los
vendedores de paco. De esa forma la comercialización de la pasta base de
cocaína tendrá una pena mayor que el comercio de otras drogas ilegales.
Tratamientos
El texto que solicita la
reforma parcial de la ley 23.737 también modifica la situación de los adictos,
ya que éstos pueden ser forzados a un tratamiento de rehabilitación bajo
seguimiento judicial, aunque se trate sólo de consumidores sin causas penales.
Importante mercado
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