El gobernador correntino Ricardo Colombi (al centro de la imagen) durante el procedimiento federal
Por Hernán Lascano (La Capital, Rosario)
“El cabezón" López es la figura
central de los operativos realizados el miércoles por la policía santafesina en
la ciudad de Goya. La investigación que condujo el juez federal de Reconquista
Aldo Alurralde establece que trafica unos 200 kilos de marihuana por semana
desde su enclave en Corrientes hacia las provincias de Chaco, Entre Ríos, y
Santa Fe. Es un hombre que controla empresas, inmuebles, vehículos de alta gama
y un stud con dos caballos pura sangre en el Jockey Club de Goya, uno de los
ocho lugares allanados. La casa donde fue detenido el principal vendedor de
López, que se llama Carlos Ramírez, está ubicada en Chile al 1000. El domicilio
frente al cual el gobernador de Corrientes en persona, Ricardo Colombi, le
aseguró al jefe antinarcóticos de la policía de Santa Fe, José Mario Moyano,
que lo haría poner preso.
El juez federal Alurralde llevaba seis
meses investigando a Javier Oscar López. Este encumbrado hombre de 43 años fue
blanco de una investigación de la Policía Federal en 2013, también ordenada por
el Juzgado Federal de Reconquista. Esa vez, cuando los efectivos llegaron, los
esperó con los brazos abiertos. Estaba limpio de cualquier sustancia. En el
tribunal hoy dicen saber que aquel operativo fracasó porque un soplón previno a
"El cabezón".
Aparición
sorpresiva
La aparición espontánea de Colombi en medio
de un procedimiento contra el narcotráfico persiste como incógnita fundamental
de un hecho que desató, durante siete horas, un conflicto entre dos provincias.
Con expresiones de furia registradas en video, el mandatario exigió al jefe del
operativo, quien terminó seis horas demorado, que desobligara a los testigos de
las acciones, lo que habría frustrado los allanamientos en los que se
encontraron drogas, armas de fuego y hubo cuatro detenidos.
La reacción de Colombi se produce en un
momento en que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(Procelac) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) investigan una
trama de amparo institucional a delincuentes económicos en Corrientes. Las acciones
apuntan a una estructura compuesta por figuras influyentes del poder político,
judicial y empresario de esa provincia. El denominador común son los obstáculos
a las investigaciones que apuntan a estos círculos en los que, según la
Procelac y la Procunar, se advierte garantizada la impunidad en trámites donde
se investiga a funcionarios.
En esas causas está denunciado el propio
Colombi por la compra de una casa a valores irrisorios a través de un
testaferro. El caso se conoció a partir de la denuncia de un periodista que
apareció muerto de un tiro tres días después de ampliar la declaración contra
el gobernador, en un incidente con repercusión nacional y nunca esclarecido.
En otra causa también está imputado el juez
federal Nº 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, sospechado por conceder
excarcelaciones inesperadas e infundadas a personas con prisión preventiva en
hechos de narcotráfico, que a los fiscales de los casos los lleva a presumir
negociaciones ilícitas. Por esto el fiscal Flavio Ferrini pidió contra Soto
Dávila y su secretario Pablo Molina imputaciones por los delitos de cohecho,
falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento.
Ningún
narco preso
El juez federal Alurralde, quien el martes
ordenó a la policía de Santa Fe irrumpir en ocho domicilios de Goya, remitió el
exhorto para informar de esa acción justamente a su colega Soto Dávila, acción
que luego derivó en la acalorada objeción de Colombi al operativo y la
detención del jefe policial santafesino.
"Todos los narcos con causa judicial
en Corrientes están en libertad", señalaron ayer fuentes judiciales de esa
provincia a este diario. "A excepción de Pedro Ramón Bareiro, un ex
funcionario del gobierno formoseño de Gildo Insfrán que volcó en su camioneta
con 60 kilos de cocaína en Corrientes, no hay nadie preso. Son situaciones en
extremo sospechosas", remarcaron.
Desde la Procunar y la Procelac
describieron los hechos que trascendieron hasta ahora, a lo que se suma la
reacción de Colombi, como "la punta del iceberg". Existe evidencia
documentada de un espeso entramado de acciones que buscan blindar a
funcionarios políticos y judiciales favorecidos en actos de criminalidad
económica.
Uno de los más destacados es el que acusó
por enriquecimiento ilícito al propio Colombi. Según la denuncia del periodista
Hernán González Moreno, el delegado en Corrientes del Pami, Hernán Laslo,
compró en julio de 2009 una vivienda a precio vil actuando como testaferro de
Colombi. Tres días después de presentar evidencia probatoria, el periodista de
28 años apareció asesinado de un disparo dentro de su auto frente a una
estancia de Goya.
En el trámite por la venta de esa vivienda
Laslo y su esposa, María Helena Haddad (miembro del Tribunal de Cuentas de
Corrientes) fueron procesados por evasión tributaria agravada al igual que la
escribana que intervino en la operación.
El trámite fue confirmado por la Cámara
Federal de Corrientes que acreditó que Laslo compró la vivienda para Colombi,
que a la fecha de los hechos era diputado provincial, por una suma ínfima y en
un día inexistente en el calendario (31 de noviembre de 2006).
Lo más desconcertante de este caso es que
el fiscal federal Benito Pont, que inicialmente había acusado, solicitó
repentinamente el sobreseimiento de los acusados en 2015, planteo que el juez
Soto Dávila aceptó.
El 31 de mayo de este año el fiscal federal
Pont, que había pedido un año antes desvincular a los presuntos testaferros de
Colombi, renunció a su cargo al ser descubierto como integrante de una red
dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad
correntina de Itatí.
Devolviendo
autos
Ayer mismo hubo en los Tribunales Federales
de Corrientes una audiencia en el trámite en el que juez Soto Dávila, que
sobreseyó a los prestanombres de Colombi, está acusado. La denuncia contra el
juez está presentada por los fiscales federales Carlos Schaeffer y Flavio
Ferrini en torno de la presencia de testigos falsos en incidentes de devolución
de autos secuestrados en causas narcos. ¿Qué pasaba? El vehículo era incautado
en un procedimiento, el narco no lo pide pero comparece una tercera persona
alegando ser el verdadero propietario del vehículo y pide la devolución, siendo
que no es la auténtica titular. Por éste hecho se llamó a indagatoria al
secretario penal Pablo Molina, del juzgado de Soto Dávila, y si lo decide la
Cámara Federal lo mismo le pasará al magistrado. Los fiscales aducen que los
vehículos secuestrados en causas narco son 300 y que hay 80 incidentes para la
devolución.
Los allanamientos del miércoles que
irritaron al gobernador Colombi fueron ordenados por el juez federal Alurralde,
quien advirtió que una banda de distribuidores de drogas de Reconquista (tres
de los cuales fueron detenidos en una lancha con 40 kilos de marihuana un día
antes) se abastecían en la vecina Goya.
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