El ex policía César Juárez escucha la sentencia en la sala de audiencias del TOF II de Rosario
Por Claudio González (La Capital, Rosario)
Un policía de la provincia de Santa Fe de
47 años, detenido desde 2012 imputado de regentear un centro de distribución de
droga y dos búnker en el barrio Parque Casas, fue condenado ayer a ocho años de
prisión e igual tiempo de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
La pena fue impuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) II de Rosario, que tras
un juicio celebrado esta semana lo encontró culpable de "tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización". El veredicto ordena además
enviar copias del expediente, pericias, fotografías y filmaciones al Ministerio
Público de la Acusación (MPA) provincial para que investigue si hubo
connivencia o protección de otros policías (ver aparte), y para que se
determine si se configuraron delitos de acción pública con tres armas secuestradas
en los allanamientos realizados durante la pesquisa.
La última jornada del juicio contra el
policía César Adrián Juárez comenzó ayer a media mañana con los alegatos de la
fiscal Adriana Saccone y el defensor oficial Andrés Penisi ante los jueces
Jorge Venegas Echagüe, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo.
En una silla, detrás de su abogado y de
frente a los magistrados, el imputado siguió atentamente las exposiciones
vestido con un jean gastado, zapatillas deportivas blancas y une remera verde
de mangas largas y un llamativo dibujo de un puma en la espalda con la leyenda
"garra argentina".
Prueba compatible. La fiscal Saccone repasó
las pruebas y evidencias que sustentaron la acusación y remarcó, por ejemplo,
que las filmaciones, las fotografías, las drogas incautadas, los testimonios de
los vecinos y policías que participaron de la pesquisa y las actas, entre otras
pruebas, acreditaron la conducta ilícita de Juárez.
En ese sentido, la funcionaria recordó que
era frecuente ver al policía moverse desde su domicilio de calle Cavia al 1300
hasta dos búnkers ubicados en Washington y las vías del ferrocarril Belgrano, y
en Blas Parera al 2100 con bolsos, mochilas y cuadernos, material incautado en
la investigación.
Todos ese movimiento quedó debidamente
registrado por la Policía Federal que inició el seguimiento tras una denuncia
telefónica anónima recibida en un 0800 del Ministerio de Seguridad de la Nación
en agosto de 2012, y desde donde se notificó al la delegación local de la
fuerza federal.
Así, el 22 de noviembre se desbarató ese
circuito de comercialización de droga en el noroeste de Rosario. Tras una serie
de allanamientos Juárez fue detenido en su casa con 1.627 envoltorios de
cocaína y 257 de marihuana, armas y dinero con anotaciones sobre la venta al
menudeo de los estupefacientes.
Del mismo modo la Policía Federal procedió
sobre los puntos de venta de Blas Parera al 2100 y Washington y las vías. En el
primero se encontraron 100 envoltorios con marihuana y cocaína y se detuvo a un
soldadito identificado como Carlos Aníbal T.
Pollo
y faso
En su alegato de cierre la fiscal Saccone
remarcó que las actuaciones quedaron registradas en filmaciones y fotos donde
se observa el trajinar del policía condenado, lo cual es compatible con las
pruebas.
Además mencionó mensajes de texto que
delataron las comunicaciones entre un teléfono del acusado que atendía su
mujer. En uno de ellos un soldadito pide: "Adrián, necesitamos faso y
pollo", como se conoce en la jerga a la "alita de mosca" (cocaína
refinada). O "Doña, le dice al Adrián que me mande 1, 2 y 3", lo cual
coincidía con las anotaciones y clasificaciones de los cuadernos secuestrados.
Así las cosas, la fiscal solicitó 8 años de
cárcel para el policía por "tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización", y aunque desistió de atribuirle la figura de asociación
ilícita, pidió que se agrave la pena por su condición de policía.
Además, Saccone pidió que se lo declare
reincidente (al momento de ser detenido estaba en disponibilidad y purgaba una
condena domiciliaria por resistencia a la autoridad y portación de arma ilegal)
y se le aplique una multa de 6.000 pesos.
Un
"consumidor"
A su turno el defensor oficial Andrés
Pennisi solicitó la absolución de su pupilo y pidió que se declare la nulidad
de toda la investigación, ya que se monto sobre "llamados anónimos que no
constituyeron un acto formal válido". Indicó que el policía reconoció en
su declaración indagatoria que era "consumidor" de droga, y que su
relación con los lugares allanados era simplemente para comprar los
estupefacientes para "consumo personal".
Asimismo, el letrado cuestionó que la
investigación se apoyara en las denuncias telefónicas, ya que "no se
identificó al denunciante, ni al número telefónico" desde donde se
realizaron. Y trató de poner en crisis la calidad de las filmaciones que
sirvieron de sustento a la investigación porque "no se vio al acusado en
maniobras concretas de comercialización". Según Pennisi, el testimonio de
vecinos y policías que confirmaron los hechos son "relatos
informales".
Además de intentar desligarlo de cada uno
de los allanamientos y disolver el vínculo entre las pruebas y las acciones del
policía, refirió que el allanamiento en la casa de Juárez estuvo
"armado".
Respecto al búnker de Blas Parera al 2100,
el abogado expuso que "es evidente que eran otras personas las que lo
manejaban, que eran otros policías", y pidió la absolución de su cliente o
que subsidiariamente se lo condene por "tenencia simple de
estupefacientes, se le conmute el tiempo que estuvo en prisión preventiva y se
declare la inconstitucionalidad de la reincidencia".
Sentencia
Tras escuchar a las partes, el Tribunal
presidido por Jorge Venegas Echagüe solicitó una hora para debatir y sobre las
12.50 regresó al recinto para dar a conocer su decisión.
El magistrado leyó entonces el fallo 28/12
del TOF II donde se plasma la condena a ocho años de cárcel para el policía
provincial César Adrián Juárez por tenencia de estupefacientes para
comercialización, agravado por su condición de policía, de acuerdo a los
alcances de la ley Nº 23.737.
Además de rechazar las nulidades y la
declaración de inconstitucionaldiad interpuesta por la defensa, multaron al
policía con 6.000 pesos y le aplicaron una prohibición por el mismo tiempo de
la condena para ejercer cargos públicos.
Asimismo se lo declaró reincidente, y se
ordenó la conmutacion de la pena con el tiempo que lleva en prisión preventiva.
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