El procedimiento de la Policía Federal en el Barrio Alta Tensión
La fiscalía formalizó hoy una grave
imputación penal contra los ocho policías detenidos ayer en un procedimiento
antidroga. Los acusados habían conformado una asociación ilícita que tenía como
objetivo brindar protección a una familia de narcos de barrio Alta Tensión,
como así también sacar del negocio a sus competidores a fin de acaparar el
mercado de venta de estupefacientes.
Las acusaciones contra los ocho efectivos
que integran el Sector 5 de la División de Drogas Peligrosas, detenidos ayer
poco después de las 11 entre la calles San Martín y Mendoza y San Juan al 2000,
fueron formalizadas esta tarde en la sede de la Fiscalía Penal 5, en calle
Paraguay, al lado del Centro Cívico Municipal.
La fiscalía informó que las imputaciones se
realizaron contra el subcomisario, Ricardo Enrique López; el oficial auxiliar,
Daniel Vizgarra; el sargento ayudante, Rafael Siares; el agente, Sergio López;
la sargento ayudante, Nancy Bruna; el cabo, Pedro Gustavo Carrizo, Carlos
Alfredo Erazo y el cabo, Javier Ramón Costilla.
También fueron imputados Sandra Elizabeth
Serrudo y su hijo, Alfredo Thiz. Estos dos junto a los policías fueron
imputados por los delitos de "asociación ilícita" y
"confabulación", cuyas penas, según lo establecido en el Código Penal
y en la Ley 23.737, de drogas, ascienden a los 16 años de prisión.
Por otra parte, los policías también fueron
imputados por los delitos de "Tenencia de Estupefacientes con Fines de
Comercialización Doblemente Agravado por la Participación de tres o más
personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos
encargados de la prevención y persecución de los delitos", "violación
de secretos", "omisión de los deberes del oficio",
"tenencia simple de estupefaciente" e "incumplimiento de los
deberes de funcionarios públicos".
Al respecto, la fiscal Gabriela Buabse, a
cargo de la fiscalía penal Nº 5, explicó que se dispuso dichas calificaciones
penales a partir de la investigación preliminar que se llevó adelante, la cual
se inició a partir de una intervención telefónica a la acusada Serrudo, de
quien existían serias sospecha de su actividad como vendedora de drogas en
barrio Alta Tensión.
Buabse explicó que las pesquisas fueron
llevadas adelante por personal de la Delegación Salta de la Policía Federal, y
que de las primeras escuchas obtenidas se pudo establecer que efectivamente
Serrudo se dedicaba a la comercialización de drogas, como así también que
contaba con protección policial de efectivos del Sector 5 de drogas Peligrosas.
El hecho de que el personal policial
imputado brindaba protección a la boca de expendio de drogas que explotaba
Serrudo en su vivienda, ubicada dentro de la jurisdicción territorial asignada
a los acusados para combatir la venta de estupefacientes, surgió de diversas
pruebas, entre ellas las intervenciones telefónicas y mensajes de textos.
Según informó la fiscal, los acusados se
encargaban de que Serrudo "desarrollara sus tareas de comercialización de
estupefacientes, sin contratiempos". En ese sentido, Buabse deslizó que,
entre otras maniobras, los acusados ponían en aviso a Serrudo cuando se iba a
realizar un procedimiento en su vivienda a fin de que no tenga sustancias en el
inmueble.
La protección, aludida por la fiscalía en
su hipótesis criminal, no sólo se daba con los avisos previos a procedimientos,
sino también los acusados velaban a fin de identificar a otros policías, ya sea
de la propia fuerza o de otra, que merodeaban la casa de Serrudo.
De esta manera, explicó la fiscal, está
probado que los policías conformaron una asociación ilícita mantenida en el
tiempo, pues no se trata de un hecho aislado, sino de un accionar que, según
las escuchas, era de larga data y del cual participaban todos los policías
imputados.
En este sentido, la fiscal sostuvo que si
bien Carrizo era el nexo más expuesto, dada su relación sentimental con
Serrudo, afirmó que existen pruebas de que el resto de los policías acusados no
sólo estaban al tanto, sino tomaron participación en las acciones de protección
a favor de Serrudo.
Por otra parte, Buabse explicó que la
"connivencia del personal policial con Serrudo y su actividad ilegal"
llegó al punto tal que los acusados "realizaban registros
domiciliarios" en las viviendas de otras personas que se"dedicarían
también a la venta de estupefacientes" en ese mismo territorio.
El objetivo, agregó, consistía en reducir,
mediantes estas maniobras, las otras "bocas de expendio" en beneficio
de la que los acusados protegían, con lo cual la comercialización de drogas
quedaba en manos de una sola persona: Serrudo.
Una prueba de ello, explicó la fiscal, es
que el día en que los policías fueron detenidos se dirigían a realizar un
allanamiento en la casa de un competidor de Serrudo, quien les había provisto
la droga para "plantar" en la casa que pretendía allanar.
Para poder concretar esta acción, los
acusados, encabezados por el subcomisario, solicitaron la orden judicial
respectiva al Juzgado de Garantías 4, para lo cual aludieron tener pruebas de
la supuesta venta de droga en dicho lugar, el cual fue allanado tras la
detención de los efectivos, pero no se secuestró drogas.
Asimismo, la fiscal señaló, entre otras
irregularidades, el hecho de que los policías llevaban droga en dos móviles
policiales, varios teléfonos celulares y otros elementos, previo a dar
cumplimiento a una orden de allanamiento para lograr el secuestro de
estupefacientes.
Sólo
declaró el subcomisario
Luego de seis horas, la fiscalía dio por
concluida la jornada de audiencias de imputaciones. De los diez acusados, sólo
prestó declaración indagatoria el subcomisario López, quien sostuvo que llegó
al grupo de trabajo del Sector 5 hace pocas semanas y aseguró desconocer el
accionar de sus compañeros.
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