La Policía Federal había allanado la Seccional 20ª en abril de 2015
Por Leo Graciarena (La Capital, Rosario)
Mientras la Policía Federal llevaba
adelante la "Operación Guaraní", en la que se secuestraron 100 kilos
de marihuana y se detuvo a 15 personas, tres efectivos de la policía
santafesina eran detenidos bajo sospechas de favorecer a una banda narco de la
zona noroeste que el año pasado había sido "desbaratada". Uno de los
detenidos es el comisario Roberto "Diablo" Quiroga, quien se
desempeñaba como jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional VI, en
Villa Constitución, desde fines del año pasado. El mencionado era jefe de la
seccional 20ª cuando el 25 de abril de 2015 efectivos de la Federal allanaron
la comisaría de Carrasco al 2500 y la subcomisaría 24ª. En el mismo
procedimiento fueron detenidas ocho personas, entre ellas Gustavo "El
Tuerto" Cárdenas, de 45 años, a quien se considera un líder narco de la
zona noroeste. Tras ese procedimiento fue detenido el subjefe de la 20ª, el
subcomisario Jorge Ocampo, quien fue procesado por tenencia simple de
estupefacientes.
Además de Quiroga, el viernes fueron
apresados dos de sus secretarios: uno de ellos protagonista de un oscuro
incidente en el que resultó herido por un escopetazo con posta de goma que le
efectuó un gendarme en Esmeralda y Presidente Quintana, en barrio Tablada y a 50 metros de un quiosco
de venta de drogas. Eso ocurrió la tarde del viernes 9 de octubre cuando el
agente Cristian Geller, hoy de 31 años, vestía de civil e intentó darse a la
fuga junto a dos personas cuando los gendarmes quisieron identificarlo.
"Uno de ellos portaba un arma de fuego
en la cintura (era un policía de Santa Fe vestido de civil). Durante la huida,
los gendarmes divisaron que el ciudadano les apuntaba con una pistola calibre 9 milímetros con
proyectil en la recámara y sin seguro, repeliendo la «amenaza mortal» con una
escopeta con posta de goma y logrando detenerlo. En ese momento, el involucrado
le efectuó golpes con el pie a un gendarme, quien resultó con traumatismo en la
pierna izquierda", indicó el parte de la fuerza federal. El incidente fue
investigado por el fiscal de Flagrancia Fernando Sosa (provincial).
El comisario Quiroga fue detenido el
viernes en la jefatura departamental de Villa Constitución por orden del juez
Federal Marcelo Martín Bailaque. El diablo, como lo conocen sus camaradas, se
desempeñaba como jefe de la Agrupación Cuerpos en la UR VI.
Allanamientos
Entre el 24 y el 25 de abril de 2015
fuerzas federales llevaron adelante 18 allanamientos ordenados por el juez
Bailaque en Rosario, Funes y Roldán. Entre los lugares allanados estuvieron la
comisaría de Empalme Graneros y la sub 24ª del barrio Toba. Otro de los
objetivos fue una casa de Reconquista al 2100, donde el "Tuerto"
Cárdenas, estaba con prisión domiciliaria por el crimen de su tocayo, el "Tuerto
Boli". Los domicilios de 5 policías fueron allanados.
Entre ellos el de El diablo Quiroga y su
subjefe, Jorge Ocampo, quien terminó encausado y puesto en disponibilidad en la
fuerza provincial ya que en su domicilio encontraron un arma con numeración
limada, un tubo con cocaína y 10 mil pesos en efectivo. Por cuestiones
procesales quedó en libertad aunque vinculado a la continuidad de la causa. Fue
procesado por tenencia simple de estupefacientes. La pesquisa apuntaba a la
búsqueda de material de interés para determinar conexiones entre organizaciones
criminales y efectivos de la fuerza. Así le incautaron los celulares a los
cinco policías, entre ellos Quiroga y Ocampo, y los libros de guardia y de
choferes de las dos seccionales.
En
un búnker
También se allanó el histórico "búnker
del medio", de Tarragona 1150 bis, donde decomisaron 68 mil pesos, 282 gramos de marihuana
y 123 gramos
de cocaína. Allí Cárdenas había sido filmado durante la pesquisa.
La investigación fue iniciada por la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a mediados de 2013. Cárdenas fue
detenido por amenazas contra un playero de la estación de servicios de
Circunvalación y Juan José Paso el 23 de octubre de 2014. Cuando se lo fichó en
la comisaría 17ª se determinó que tenía varios pedidos de captura, entre ellos
uno por el asesinato de El tuerto Boli. Esa detención fue puesta bajo la lupa
de los federales ya que con Cárdenas preso la PSA perdió varios de los hombres
que trabajaban con él. Y sus celulares de contacto, que estaban intervenidos, se
apagaron.
La hipótesis fundamental del fiscal que
manejó la causa, Mario Gambacorta, fue que la línea de venta de droga que
capitaneaba Cárdenas tenía una pata fundamental en las dos comisarías de
Empalme: la 20ª y la sub 24ª. Esa línea también era seguida por la Policía
Federal quien pidió las ordenes de allanamiento. Fuentes de la investigación
indicaron que la causa está plagada de escuchas telefónicas.
El resultado total de los 18 allanamientos
de entonces fue el acopio de un lote de 230 mil pesos en efectivo, 4 mil
dólares, 9 armas de fuego, 800
gramos de cocaína y 1.500 gramos de
marihuana.
El presidente del bloque socialista en la
Cámara baja santafesina, Rubén Galassi, calificó como "muy positivo"
el decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz para consensuar la
elección del jefe de policía, Luis Bruschi, y del subjefe José Luis Amaya.
"Sin resignar del todo esa facultad, porque en definitiva es el primer
mandatario el que designa al jefe de la policía, lo que hizo fue enviar los
pliegos con todos los antecedentes de los propuestos a la Comisión de Acuerdos
de la Legislatura, que integran ocho diputados y cuatro senadores, para que
emitan una opinión" dijo. Y agregó que espera que en la próxima reunión de
Consejo de Seguridad Interior, presidida por la ministra de Seguridad Patricia
Bullrich, "en vez de estar tan preocupados por un protocolo para ponerle
freno a una protesta social, se preocupen por un protocolo para combatir el
crimen organizado y el narcotráfico".
En lo que hace a la propuesta del
gobernador, Galassi aclaró que "en caso de que haya una observación"
sobre Bruschi y Amaya "el Poder Ejecutivo la puede considerar y remitir
otros nombres si las opiniones negativas son de tal contundencia que sea
conveniente no designar a estos jefes o eventualmente contestarlas si no tienen
mayores fundamentos". El decreto firmado por el gobernador establece que
la Comisión de Acuerdos tiene 10 días corridos para formular observaciones.
Galassi destacó que "comprometer al
Poder Legislativo en un tema tan importante como la seguridad es un paso
trascendente que valoramos y que tiene que ver con un planteo hecho por el
gobernador en la campaña".
A su vez, le restó importancia a las
críticas que surgieron desde algunos sectores de la oposición porque
advirtieron que el mecanismo resuelto por la gobernación para la selección de
la conducción policial no tiene ninguna validez constitucional ni legal, sino
que es una mera opinión no vinculante.
"El Poder Legislativo tiene muchas
facultades establecidas por la Constitución, que es básicamente, determinar el
andamiaje jurídico, aprobar la mayoría de las leyes que nos rigen en la vida
cotidiana, pero también comprometerse a partir de opiniones", opinó el
diputado del Frente Progresista.
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