Pidieron el procesamiento del juez Raúl Reynoso, acusado de cobrar dinero para beneficiar a presuntos narcos

El cuestionado juez federal de Orán, Raúl Reynoso

Por Gabriel Di Nicola (La Nación)

Para los fiscales Diego Iglesias y Eduardo Villalba no hay dudas: el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, a cargo de la frontera caliente del contrabando, dirigía y coordinaba una asociación ilícita, que entre otras ilícitos, liberaba a presuntos narcotraficantes a cambio de importantes sumas de dinero y bienes.

Así los sostuvieron los representantes del Ministerio Público en un dictamen que presentaron hace minutos ante el juez federal de Salta Julio Bavio donde solicitaron el procesamiento de Reynoso y de otros siete sospechosos, entre los que figuran abogados y funcionarios y empleados judiciales.

En la presentación, Iglesias, a cargo de Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Villalba, pidieron la prisión preventiva de Reynoso, decisión que no podrá hacerse efectiva hasta que el juez federal de Orán pierda las fueros que tiene como magistrado.

"Resulta claro y de acuerdo a la prueba incorporada que Reynoso dirigía y coordinaba la asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, regulación interna de las facetas de organización, liderazgo, con la capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita", afirmaron en el dictamen, al que tuvo acceso LA NACION, los fiscales Iglesias y Villalba.

Los representantes del Ministerio Público también solicitaron el procesamiento de los imputados María Elena Esper, Ramón Valor, Arsenio Gaona, René Gómez, Miguel Ángeles Saavedra y los hermanos César y Rosalía Aparicio.

"Ha quedado cabalmente demostrado que el Juez Federal de Orán, abusando de su cargo y valiéndose del carácter intimidatorio de su figura de único magistrado actuante en materia de narcotráfico con competencia a lo largo de 700 kilómetros de frontera con la República de Bolivia, construyó una figura con amplio poder intimidatorio sobre las personas por él detenidas o privadas de su libertad en causas en infracción a la ley 23.737 (estupefacientes), exigiendo a éstos y/o terceros la entrega de contribuciones dinerarias para mejorar su situación procesal", afirmaron los fiscales Iglesias y Villalba..