Otra acusación contra Reynoso: se quedó con el campo de un narco

El juez federal de Orán, Raúl Reynoso

Por Gabriel di Nicola (La Nación)

El mismo día que debía presentarse para ser indagado por los delitos de asociación ilícita, cohecho y prevaricato, se conoció una nueva imputación contra el juez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Reynoso: lo acusan de haberse quedado con un campo de 700 hectáreas a cambio de dictar el sobreseimiento de un imputado de transportar 900 kilos de cocaína.

Así lo sostuvieron el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, en una presentación que hicieron ante el juez federal de Salta Julio Bavio, a cargo de la causa.

Ayer Reynoso, de 57 años y casi 11 al frente del juzgado federal de Orán, una zona caliente del contrabando, no se presentó a la declaración indagatoria y recusó al juez Bavio. El viernes pasado ya lo había denunciado por abuso de autoridad, entre otros delitos, ante el Consejo de la Magistratura.

El campo en cuestión, Finca Mollinedo o Puesto Mollinedo, está situado en el departamento salteño de Rivadavia. Y según los fiscales, fue puesto a nombre de Rosalía Aparicio, hermana de César Aparicio, empleado de ordenanza del juzgado federal de Orán.

"De no tratarse de la maniobra de cohecho descripta, resultaría una suma de casualidades inexplicables, la circunstancia de que el inmueble de propiedad de un imputado de narcotráfico en una causa que tramita ante el Juzgado Federal de Orán termine ingresando al patrimonio de la hermana de un empleado de dicho juzgado, la que cohabitaría con éste", sostuvieron los representantes del Ministerio Público en la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.

Los fiscales Iglesias y Villalba pidieron la detención de Aparicio y de su hermana, según se desprende del dictamen presentado ante el juez federal Julio Bavio. Los hermanos Aparicio fueron apresados y eran indagados ayer.

"Rosalía Aparicio carece de posibilidades económicas como para adquirir un inmueble de las características de la Finca Mollinedo. La nombrada no posee actividad comercial registrada que le permita justificar la adquisición de manera lícita de ese bien. No registra inscripción alguna en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ni declaraciones juradas como trabajador en actividad", afirmaron los fiscales en su denuncia.

En el expediente además del juez Reynoso están imputados y detenidos el funcionario judicial Miguel Saavedra y los abogados René Gómez (ex procurador general de Salta), Ramón Valor, Arsenio Gaona (cuñado de Reynoso) y María Esper. La letrada Lucinda Segovia recuperó la libertad tras recibir la falta de mérito.

Gómez y Esper fueron beneficiados, por su edad, con una prisión domiciliaria. Los fiscales Iglesias y Villalba le pidieron al juez Bavio los controles necesarios para que se cumplan los arrestos domiciliarios.

Las sospechas contra el juez Reynoso, que se había convertido en una suerte de ícono de la lucha contra el narcotráfico, se hicieron públicas el miércoles de la semana pasada, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden de Bavio allanó el juzgado federal de Orán y, en otros operativos, detuvo a Gómez, Saavedra, Gaona, Valor y Segovia.

Esper se entregó el lunes pasado después de estar prófuga cinco días. Fue indagada anteayer y después recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Al juez Reynoso, según el dictamen de los fiscales Iglesias y Villalba, lo acusan de ser el organizador de una asociación ilícita que, a cambio de dinero, beneficia a presuntos narcotraficantes.

Fueron 11 las causas que en un primer momento analizaron los representantes del Ministerio Público y ahora se sumó una más: la del campo de 700 hectáreas en el departamento de Rivadavia.

"Se imputa a Reynoso, en su calidad de magistrado a cargo del Juzgado Federal de Orán, de haber montado, coordinado y encabezado una asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, con la capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita, que funciona en la ciudad de Orán al menos desde el 19 de marzo de 2010, dedicada a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a conductas de narcocriminalidad.

"Estos procesos tramitaron o tramitan actualmente ante ese tribunal, tales como excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entregas de bienes y sumas dinerarias secuestradas, dispuestas al menos en las causas que a continuación se enumerarán, todo ello a cambio de dádivas y o dinero", afirmaron los fiscales al sumar otra acusación contra el juez federal Reynoso.