Rubén "la Chancha" Ale, jefe de una banda narcocriminal de Tucumán
Por Sabrina Santopinto (Infobae)
La historia del llamado
"Clan Ale" encierra todos los condimentos de amplia una red delictiva
que no sólo se dedicada a la comercialización de estupefacientes y a la trata
de personas para la explotación sexual, sino que además encerraba una gran
estructura para el lavado de activos. Asimismo ejercían la comercialización
ilegal de vehículos y mantenían negocios ilícitos relacionados al juego.
Días atrás la la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó los procesamientos de los hermanos
Rubén "la Chancha" - vinculado por Susana Trimarco en la desaparición
de su hija, Marita Verón- y Angel "el Mono" Ale en la causa donde se
los acusa por asociación ilícita, ratificó la prisión preventiva y los embargos
sobre otros seis miembros de la banda. Esta resolución permite un significativo
avance en la investigación que se encuentra próxima a la instancia de juicio
oral.
Lo cierto es que las
nuevas pruebas introducidas permitirían sostener que Adolfo Ángel Ale co-ejerce
junto a su hermano Rubén Eduardo Ale el mando de la asociación y la integración
de un grupo criminal.
Según lo señala la
Cámara, la organización además del lavado de activos provenientes de la trata
de personas para la explotación sexual, se dedicaría a la presunta producción y
comercialización de estupefacientes.
Según consta en la causa
a la que tuvo acceso Infobae, dentro de los elementos de prueba que valora la
Justicia, se indica el secuestro de gran cantidad de armas y municiones; por
otro lado, un testigo de identidad reservada sostuvo que el Mono Ale encargaba
extorsiones mediante terceros "por temas vinculados a la droga, deudas de
plata, autos, y también por los pókeres".
El testigo sostiene en su
declaración que "según sabe, el Mono Ale muchas veces iba a la cancha del
Club San Martín con un bolso lleno de armas, y que allí se lo pasaba a
"Ututo" para que lo dejare en la remisería hasta que finalice el
partido...".
El relato del testigo es
contundente cuando indica haber escuchado que "por la falta de pago, Ángel
Ale mandó a "rematar" a la gente que le debía".
En su declaración da
cuenta de cómo se organizaba la venta de drogas y explica que la Ciudad se
dividía en zonas, cada una con un encargado al frente, a fin de desplegar la
red delictiva.
Asimismo relató como en
distintas ocasiones pudo ver como "llegaban chicas a la remisería y luego
las llevaban -los mismos autos del lugar- hasta un lugar que quedaba a media
cuadra donde se practicaban abortos caseros".
El Clan también tenía
vinculaciones al poder: contaba con la participación dentro de la banda de un
efectivo de la Brigada de la Policía de Tucumán quien era el encargado de
alertar sobre los allanamientos a efectuarse.
Así, "las nuevas
pruebas introducidas permitirían sostener que Adolfo Ángel Ale co-ejerce junto
a su hermano Rubén Eduardo Ale el mando de la asociación, e inferir la posible
integración al grupo criminal y su activa y contemporánea intervención en las
conductas delictivas", se deja manifiesto en la causa.
Las pruebas que obran en
el expediente permitieron al magistrado "presumir fundadamente que se
estaría ante un numeroso grupo de sujetos con una organización estable y planes
criminales diversificados, cuyo origen data al menos del año 2002 y que
continuarían ejecutándose en la actualidad bajo el mando de los hermanos Rubén
Eduardo y Adolfo Angel Ale". Los camaristas indicaron también que entre
los objetivos de la asociación ilícita se incluiría "la presunta
producción y comercialización de estupefacientes, el cobro extorsivo de
acreencias propias del grupo y de terceros", además de "tenencia
ilegítima de armas".
Cabe destacar que en el
marco de esta causa existe grandes cantidades de caudales embargados: alrededor
de 500 autos, decenas de inmuebles, cuentas bancarias, un arsenal de 60 armas,
más de 2 millones de pesos, son activos que finalmente se van a decomisar con
la sentencia condenatoria.
En conversación con
Infobae, el fiscal General de la Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos, Carlos Gonella, sostuvo que "se trata de un paso muy
importante porque se coloca a ese juicio emblemático a las puertas del juicio
oral. Al confirmarse la segunda tanda de procesamientos, el paso procesal que
sigue es que la fiscalía formule el requerimiento de elevación de la causa a
juicio en lo cual ya nos encontramos trabajando con la esperanza de poder
resolver esto antes de fin de año".
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