Uno de los talleres en donde familias colombianas fabrican muebles
Por Gabriel Di Nicola (La Nación)
José Nelson Henao Ortiz había nacido en
Pereira, en Colombia, 47 años atrás. Desde el 2012 vivía en esta ciudad, en la
frontera con Bolivia, una zona caliente del contrabando de drogas y el tráfico
de personas y divisas, donde ya estaba radicada parte de su familia y varios
compatriotas. Fabricaba y vendía por las calles muebles hechos con madera y
placas de durlok. No tenía antecedentes penales. Murió el domingo pasado de un
infarto después de recibir un balazo de goma de uniformados de la policía de
Salta, cuando intentaron detenerlo tras una pelea callejera.
Desde hace más de tres años en esta ciudad,
como en Pichanal, Yrigoyen, Tartagal y Salvador Mazza, es común ver a
ciudadanos colombianos que recorren las calles con carros cargados de muebles
para vender. Ellos dicen que es su modo de ganarse la vida. Funcionarios
judiciales y policiales desconfían y sospechan que ocultan otras actividades,
como lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron que, según
datos de fuerzas de seguridad federales, en las provincias del noroeste
argentino hay radicados más de 3000 colombianos.
"Estoy muy preocupado porque hay una
importante cantidad de ciudadanos colombianos", sostuvo a LA NACION el
juez federal de Orán, Raúl Reynoso, que tiene bajo su jurisdicción 700 kilómetros de
frontera con Bolivia. El magistrado ya había encendido la luz de alarma hace
dos semanas cuando estuvo invitado en el Coloquio de IDEA para hablar ante
empresarios nacionales.
La comunidad de colombianos en la frontera
se defiende y afirma ser discriminada y estigmatizada porque la comparan con
compatriotas narcotraficantes, paramilitares y sicarios.
Reynoso explicó que hace diez días estuvo
reunido con funcionarios nacionales y con el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Ricardo Lorenzetti, para hablar sobre el tema y otros problemas de la
frontera caliente del contrabando.
"En la frontera hay organizaciones
internacionales de delincuentes. Tengo personas detenidas de Colombia, Ecuador,
Portugal y Europa del Este", agregó el juez.
Según informaron a LA NACION fuentes
judiciales y policiales, la venta de muebles por las calles sería una pantalla
de ciudadanos colombianos para su principal actividad: ganar dinero con
préstamos de efectivo a gente humilde.
En la fiscalía de Violencia de Género de
Orán hay una causa a punto de ser elevada a juicio contra tres ciudadanos
colombianos acusados del delito de amenazas. La víctima fue una mujer a la que
le prestaron dinero y no pudo devolvérselo.
"Utilizan el mismo método que todos
los usureros. Los muebles son una excusa para entrar en confianza con la gente.
Le prestan poca cantidad de dinero a mucha gente. Los intereses son
bajos", sostuvo una fuente judicial que investigó un caso de amenazas por
parte de ciudadanos colombianos.
El dinero que le prestan a gente humilde
con pocos ingresos económicos lo anotan en pequeñas agendas. Los muebles los
venden en promedio a 2000 pesos, y cobran 100 pesos por semana.
"La gente que recibe dinero de los
colombianos sabe que sí o sí tiene que devolverlo y no se puede atrasar.
También hubo disputas entre ellos por el territorio", dijo a LA NACION un
jefe policial de Orán.
Muchos de los ciudadanos colombianos entran
en Salta por el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en la frontera con
Bolivia, con documentación en regla. "Pero también hay gente que ingresa
en el país por pasos no habilitados", explicó una fuente de la Dirección
Nacional de Migraciones.
Fue tan rápido el crecimiento de la
migración de colombianos en Orán que, hace un par de años, un hombre oriundo de
Cali abrió un pub llamado Sabor Colombiano, un punto de encuentro de la
comunidad. Pero económicamente no le fue bien y ya cerró.
Los treinta ciudadanos colombianos que
fueron al cementerio con el cortejo de Henao Ortiz estaban molestos con la
policía de Salta y medios de comunicación locales que sugirieron que la víctima
habría consumido alcohol y drogas.
"Somos discriminados. Nos tildan de
narcotraficantes. Pero nosotros venimos a la Argentina a trabajar. No tenemos
la culpa de que haya compatriotas que hayan elegido otras actividades para
ganarse la vida", explicó a LA NACION Jorge Henao Ortiz, hermano del
ciudadano colombiano muerto la semana pasada. Él llego a la Argentina antes que
su hermano. Primero estuvo en Santiago del Estero, después en Tucumán y luego
en Orán.
"Siempre nos hemos dedicado a este
trabajo [la fabricación de muebles]. Desde que llegué a la Argentina comencé a
armar muebles. No todos somos iguales, pero por el hecho de ser colombianos nos
tildan a todos de narcotraficantes y sicarios", afirmó Henao Ortiz.
A su lado, Javier Gareca, que es argentino,
recordaba a José Nelson con gratitud: "Era una persona muy trabajadora. Me
dio trabajo que me permitió mantener a mi familia. Es mentira todo lo que se
habla de los ciudadanos colombianos".
"En Salta hay mucha discriminación por
portación de cara", dijo el abogado David Leiva, que podría representar a
la familia Henao Ortiz.
Preocupa
la droga que cruza por la frontera
El juez federal de San Ramón de la Nueva
Orán, Raúl Reynoso, expresó su preocupación por el avance del narcotráfico.
Manifestó que en el norte del país tenían un alerta "con luz amarilla y
naranja por la cantidad de droga que ingresa por la frontera".
El magistrado indicó que "se encendió
una luz de alerta porque los narcotraficantes comenzaron a ingresar las drogas
de diseño. Se descubrieron también distintos métodos que se aplican para
ocultar la cocaína y cualquier tipo de droga para eludir los controles".
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