El juez Edgardo Fertitta tomó una resolución cuestionada
Por María Laura Cicerchia (La Capital, Rosario)
La causa penal de mayor trascendencia
política en la provincia en los últimos cuatro años finalmente se juzgará en un
proceso oral y público. El juez de Sentencia Edgardo Fertitta dispuso ayer que
el célebre expediente 913/12 por asociación ilícita contra la banda de Los
Monos, en el que aún restan juzgar a 25 personas, sea ventilado en un trámite
oral. Así lo había pedido el sindicado jefe del grupo, Ariel "Guille"
Cantero, junto al "núcleo duro" de los acusados. La decisión alcanza
a todos los implicados, a pesar de que siete de ellos se oponen porque llevan
más de un año en juicio escrito. Para más realce, en las mismas audiencias se
ventilará el crimen de Diego Demarre, dueño del boliche frente al que
asesinaron a balazos al hermano de Guille en mayo de 2013.
Si el ambicioso proyecto se concreta, a
excepción de los juicios federales por delitos de lesa humanidad, será el
debate oral más complejo del que se tenga registro en Santa Fe desde la reforma
penal de 2014 que instaló la oralidad para el trámite de causas provinciales. Y
no se conocen precedentes de audiencias con tantos imputados ante un tribunal.
Dos
causas
En el juicio, con fecha a definir, se
abordarán dos causas en simultáneo. Por un lado, la que reveló el
funcionamiento de una organización delictiva conformada por civiles y
uniformados dedicada a la comisión de delitos, asegurar la violencia
territorial y el negocio del narcotráfico. Esa casua fue investigada en su
mayor parte por el ex juez de Instrucción Juan Carlos Vienna. Y por otro lado,
el expediente iniciado por el crimen de Demarre, dueño del boliche Infinity
Night donde mataron a Claudio "Pájaro" Cantero el 26 de mayo de 2013.
Entre los cinco procesados por la ejecución
del bolichero está "Guille" Cantero, acusado de ser el autor
material. Hacia abajo, en la pirámide, sus principales laderos Jorge Chamorro y
Leandro Vilches están acusados de integrar la banda y a la vez como partícipes
del homicidio del bolichero. Como los nombres se superponen, "razones de
conexidad subjetiva y objetiva y de economía procesal" determinaron a
Fertitta a decidir que ambos procesos tramiten "conjuntamente y bajo la
misma modalidad". "La existencia de identidad de imputados y
evidencia o prueba común así lo impone", remarcó.
El juicio oral por Demarre, asesinado a
tiros desde un auto cuando llegaba a su casa de Maipú y bulevar Seguí, había
sido solicitado en febrero por el fiscal Luis Schiappa Pietra y los detenidos
lo consintieron. Estaba previsto para agosto próximo, pero ahora se postergará
para acoplarse con la causa 913/12 seguida a la banda. En ese expediente, 25
acusados aún deben ofrecer la prueba a discutir en el juicio antes de que se
defina el tribunal y se fije fecha. La acusación recaerá en otro fiscal,
Gonzalo Fernández Bussy, quien se había pronunciado a favor de un trámite oral
en simultáneo con el caso Demarre.
Detonante
La asignación de proceso oral a ambas
causas es consecuencia casi directa del fracaso, en septiembre pasado, de un
polémico acuerdo abreviado que otorgaba penas atenuadas a Guille y sus dos
secuaces en el caso Demarre. Entonces, el camarista Daniel Acosta lo declaró
inadmisible por falta de fundamentos.
Lo que sí prosperó fue un acuerdo abreviado
que firmaron 11 acusados de pertenecer a la banda. Entre ellos la madre de
Guille, Patricia Celestina Contreras; y el señalado como lavador de activos del
grupo, Mariano Ruiz. Aceptaron los delitos, admitieron la validez de la prueba
y recibieron penas que rondan 3 años de prisión.
Pero la causa Demarre quedó en suspenso
hasta que tres meses atrás se presentó la acusación fiscal bajo el encuadre de
homicidio agravado, delito que prevé una pena mínima de 10 años y 8 meses. El
trámite de la causa de Los Monos, en tanto, avanza en distintos segmentos. Once
implicados ya cerraron penas por vía del abreviado. Dieciséis (entre los que se
ubica la mayoría de los empleados de fuerzas de seguridad) llevan más de un año
en juicio escrito en el juzgado de Sentencia Nº 6 y en etapa probatoria. La
mayoría están en libertad o con prisión preventiva morigerada.
Otros dos integrantes llegaron a juicio en
diciembre. Son Ariel "El viejo" Cantero, procesado como uno de los
líderes de la banda al igual que su hijo, y el comisario inspector Gustavo
"Gula" Pereyra. Los últimos siete, con Guille a la cabeza,
desembarcaron en la etapa de juicio en marzo.
Fue entonces cuando los defensores de los
supuestos jefes, Adrián Martínez, Carlos Varela y Fausto Yrure, pidieron juicio
oral por todo y para todos. Hay que aclarar que la causa por asociación ilícita
es del viejo sistema penal y, por su carátula, prevé trámite escrito. Pero el
código de procedimientos que la rige admite la oralidad en delitos con un
mínimo de 5 años de pena, de manera optativa y siempre que estén de acuerdo
todos los implicados.
Oral
para todos
En eso se basaron los abogados para
instalar el planteo que ayer tuvo el okey del juez Fertitta, encargado de
preparar el juicio. En un escrito de 24 páginas de corte técnico, el juez avaló
la oralidad por "la trascendencia social y jurisdiccional de toda la causa
y sus entramados civiles y policiales ligados a graves delitos relacionados con
el narcotráfico, sus conexiones y repercusiones procesales".
Todo esto, en la valoración del juez,
"hace pertinente la tramitación en un mismo sistema de juicio para todos
los coimputados". Consideró que a pesar de la negativa de algunos el
juicio no puede escindirse: "Es oral para todos o escrito para
todos". Y en esa disyuntiva se inclinó por el trámite "que mejor
contemple los principios de inmediatez y publicidad".
Con esta solución, que no impide celebrar
abreviados, concedió el deseo de la mayoría. "Se ha resuelto de acuerdo al
Código", celebró Carlos Varela, abogado promotor del trámite oral. De los
25 imputados, 13 se expidieron a favor y 5 no manifestaron su opinión. Pero los
otros 7 se opusieron. Por eso, la de Fertitta no es la última palabra porque
aún puede intervenir la Cámara Penal si los disconformes apelan.
Cuestionamientos
"Iremos hasta la última instancia por
una cuestión de violación de derechos constitucionales. No me opongo a que el
resto vaya a juicio oral si quiere, pero para mis clientes el juicio ya está
iniciado y con el período de pruebas casi cerrado. De golpe quieren dar marcha
atrás con lo que se hizo en un año", retrucó el abogado Rodrigo
Mazzuchini, defensor de los policías Cristian Floiger y Juan José Raffo. Para
este último los plazos no son de forma: está en prisión domiciliaria con
salidas laborales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario