Sandra Jaquelina Vargas (centro) y su hija Silvina (izquierda)
Por Roxana Badaloni (Clarín)
Una familia dedicada a la
comercialización de marihuana y cocaína. ¿La jefa? Sandra Jaquelina Vargas
(39), “La Yaqui”, a quien juzgan desde el lunes por liderar una banda narco que
operaba en el oeste de Godoy Cruz, en el Gran Mendoza. Está presa desde marzo
de 2014, imputada junto a siete parientes directos por asociación ilícita,
falso testimonio, intento de homicidio, abuso de armas y comercialización de
estupefacientes.
El Juzgado Oral Federal
Nº 2 de Mendoza debe determinar si incurrió en dos delitos: venta de drogas y
lavado de capitales producto de la comercialización de drogas que le
permitieron adquirir seis propiedades y 25 vehículos nacionales e importados.
“La Yaqui”, acusada de
controlar kioscos de marihuana y cocaína, podría ser condenada a 20 años de
prisión. También están complicados su hija, Silvina Gelvez (23); su suegra,
Nora Carmen Gatto (65); sus hermanas, Patricia Mercedes Vargas (44), Silvana
Natalí Vargas (31) y Romina Vargas (28); su hermano Carlos Damián Vargas (35) y
uno de sus sobrinos, Jonathan Daniel Brizuela (22).
Durante el juicio que
instruyó el fiscal Fernando Alcaraz aparecerá en escena la batalla entre
distintos grupos de narcomenudo por quedarse con el poder de los barrios
humildes del oeste mendocino.
Desde fines de 2012,
comenzaron a sucederse distintas muertes violentas en Godoy Cruz, que los
propios investigadores relacionaron con el accionar de “Yaqui” y sus
“angelitos”, los adolescentes que distribuían la droga y hasta actuaban como
sicarios. Son más de 12 crímenes vinculados a este grupo.
“La Yaqui” había sido
demorada en varias ocasiones por estar mencionada en diversas causas, pero
siempre era liberada en cuestión de horas. Su situación cambió cuando la fiscal
de Delitos Especiales, Claudia Ríos, comenzó a investigarla porque llegó a
oídos de un informante de Inteligencia Criminal que “mandó a matar a los
periodistas del diario El Sol”, un medio mendocino. La acusada se presentó a la
Justicia y lo negó.
En el verano de 2014, se
mudó a una quinta de San Luis, con la supuesta idea de abrir “su negocio” en la
capital puntana, pero en marzo fue detenida.
Ayer, durante la segunda
jornada del juicio, el abogado de la Unidad de Información Financiera (UIF),
Juan Manuel Garrido, demostró la incompatibilidad entre los bienes que tenían
los integrantes de la banda cuando ninguno tenía una actividad económica
declarada. La excepción es la suegra de “Yaqui”, Nora Gatto, pero tampoco puede
demostrar ingresos. La mujer figura como monotributista categoría B ($48.000
anuales), como dueña de una rotisería de un barrio pobre, y tiene a su nombre
tres vehículos, entre ellos una camioneta Toyota SW4 que tiene un valor que
ronda los $500.000 y varios giros de dinero que superan los $50.000.
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