Los ladrillos de marihuana y cocaína estaban ocultos en almohadones
La defensa de siete paraguayas detenidas en
agosto del año pasado con marihuana y cocaína pidió la expulsión del grupo en
base a lo dispuesto por la reciente modificación de la Ley de Migraciones, que
impone controles más estrictos para evitar que extranjeros con antecedentes
delictivos ingresen y permanezcan en el país.
Gabriela García González, Blis Eduvigis
Ramos, Blanca Elva Cardozo Álvarez, Emilse Cardozo Álvarez, Laura Graciela
Gómez, Marimar Encina Cañete y Liz Paola Encina Cañete se encuentran con
prisión preventiva, dictada por el juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel
Guerrero.
Las mujeres cayeron en momentos en que
pretendían cubrir en micro el trayecto entre Puerto Iguazú y Pacheco, provincia
de Buenos Aires, con un cargamento de droga compuesto por poco más de 100 kilos
de marihuana y uno de cocaína.
En el operativo que llevó adelante el
Escuadrón XIII de Puerto Iguazú de la GN, se determinó que ellas habían
escondido el estupefaciente dentro de llamativos almohadones. A los uniformados
les pareció raro que todas tuvieran almohadas diferentes de las que entrega la
empresa de micros.
En su momento, el magistrado rechazó la
excarcelación que pidió la defensa de las sospechosas, a cargo del abogado
Javier Noguera.
Las ciudadanas paraguayas están acusadas
del delito de “transporte de estupefaciente agravado”.
Los gendarmes decomisaron en el operativo
111,990 kilos de cannabis sativa y 1,092 de cocaína.
Según el decreto 70/2017 firmado por el
presidente Mauricio Macri, las causas penales que tengan los extranjeros podrán
ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado
“cualquiera fuese su antigüedad”. La Justicia deberá notificar a Migraciones
sobre “todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación
preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal
dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido”.
Si se produce la expulsión por un delito
doloso, la persona tendrá una prohibición de reingreso por un mínimo de 8 años
y puede llegar a ser permanente, de acuerdo con la gravedad del caso.
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