La ONU pidió despenalizar las drogas para consumo personal
Por Daniel Gallo (La Nación)
La Corte Suprema resolvió
en 2009 la inconstitucionalidad de aplicar una pena a la tenencia de drogas
para consumo personal. Esa sentencia se conoció como falló Arriola y trató el
caso de dos jóvenes detenidos en la vía pública con dos cigarrillos de marihuana,
con una posesión total de apenas dos gramos de esa sustancia. Desde entonces,
esa definición del máximo tribunal fue motivo de controversias. Pese a que los
argumentos de los jueces fueron claros sobre la definición de consumo personal
se abrió un vacío legal que cada tribunal inferior completó con sus propios
criterios. Fracasaron los intentos de tratar el tema en el Congreso. Pero ahora
sumó su voz la ONU y pidió al Gobierno la modificación de la ley de drogas para
despenalizar la tenencia de drogas para consumo.
El 26 de enero pasado
llegó a la Cancillería el informe especial elaborado por la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Se trata de la misión de la ONU que
notifica cada año los escenarios de tráfico y consumo de drogas. En su próximo
documento mundial figurarán 11 puntos referidos a la Argentina, uno de los
países elegido para la evaluación durante 2016. Las conclusiones son, en
general, positivas sobre la acción del Gobierno, pero aporta varias
recomendaciones. Entre ellas el necesario cambio a la ley 23.737, la llamada
ley de drogas.
En los despachos
oficiales fue bien recibido el análisis de los enviados de la ONU. Incluso en
el punto referido a la reforma legal. El Gobierno quiere poner en debate esa
ley, tanto para modificaciones dirigidas al control de la oferta de drogas como
a la prevención de la demanda. Funcionarios estiman que la posición de la JIFE
permitirá abrir la discusión legislativa.
Aquellos que conocieron
el informe de la ONU, reservado hasta su publicación oficial, afirman que se
dejó consignado la preocupación de los expertos internacionales por el tiempo
pasado desde aquel fallo de 2009 sin que fuese adaptada la norma legal. Pero en
el lenguaje diplomático cada palabra tiene su peso propio. Y en la evaluación
se hace referencia al fallo de la Corte, aclarándose que apunta a pequeñas
cantidades de marihuana y con fuertes delimitaciones para su aplicación. Esa
mención tiene relevancia, porque el Gobierno quiere que el debate de la ley no
implique una visión de legalización absoluta de la posesión de drogas, sino que
espera partir de la base fijada por la Corte: permiso para una droga
específica, en dosis mínimas y sin posibilidad de consumirse en público.
El Gobierno espera con un
cambio legal fijar concretamente la cantidad a ser tomada en cuenta como
tenencia para consumo personal. Esa definición será importante para un paso
posterior que tiene en carpeta el Ministerio de Justicia. El ministro Germán Garavano
proyecta en su agenda de reformas procesales poner en debate legislativo en
2018 la constitución de tribunales especiales para casos de drogas.
Más allá del pedido de
adaptación de la ley de drogas, el informe de la ONU destacó la reorganización
del sistema de fiscalización de narcotráfico y adicciones que se realizó el año
pasado. Y señaló con especial énfasis el trabajo de la Sedronar, a cargo de
Roberto Moro. La comisión que evaluó a la Argentina consideró positiva la
reconstrucción del Observatorio de Drogas y llamó a utilizar datos actualizados
para elaborar estrategias de reducción de la demanda de estupefacientes.
Mayor coordinación
Entre otros puntos que
figuran en el documento remitido por la JIFE se solicita también al gobierno argentino
la creación de un mecanismo de coordinación efectivo sobre fiscalización de
drogas, integrado por todos los actores gubernamentales que se ocupan de la
represión del narcotráfico, la prevención del consumo y el tratamiento de
adictos.
Los expertos
internacionales reconocieron los pasos dados por el Gobierno para luchar contra
el blanqueo de dinero, pero también exigieron un mayor control sobre las
empresas que se dedican a la fabricación e importación de sustancias utilizadas
como precursores para la elaboración de estupefacientes.
El Gobierno reaccionó
positivamente a la evaluación internacional. Hizo pública su posición con un
comunicado de la Cancillería: "En su informe, la JIFE evalúa positivamente
el accionar del actual Gobierno frente a la prevención de la drogadicción y la
lucha contra el narcotráfico a la vez que lo felicita por su compromiso con los
tratados de fiscalización internacional de drogas, su determinación para
abordar el problema de las drogas en el país y su labor en la lucha contra el
lavado de activos."
No hay comentarios:
Publicar un comentario