El jefe antidrogas santafesino, comisario José Moyano, al ser increpado por el gobernador correntino, Horacio Colombi
Por Jorge Salum (La Capital, Rosario)
El juez federal de Reconquista, Aldo
Alurralde, pidió al fiscal del mismo fuero en esa ciudad que investigue si el
gobernador de Corrientes, Horacio Ricardo Colombi, cometió algún delito cuando
intentó impedir que la policía santafesina realizara allanamientos y
detenciones en una causa por narcotráfico en una ciudad correntina. Los
procedimientos habían sido realizados hace dos semanas en Goya por efectivos de
tres divisiones de la policía santafesina, quienes intervinieron siguiendo
instrucciones y órdenes del propio juez Alurralde.
"Inicié una causa para que se
investiguen todos los hechos que ocurrieron en Goya, que no sólo tuvieron como
protagonista al gobernador de Corrientes sino también a la policía de esa
provincia", informó Alurralde desde Reconquista.
La decisión del magistrado federal se suma
a la denuncia judicial realizada por el jefe de la Dirección de Control y
Prevención de Adicciones de la policía de Santa Fe, José Mario Moyano. Este
oficial es quien estaba al frente de los allanamientos ordenados por Alurralde
en Goya y fue demorado por la policía correntina junto a otro efectivo bajo su
mando. La presentación de Moyano hasta ahora no había tomado estado público.
Justamente eso es lo que quiere Alurralde
que se investigue ya que, al ser demorado, Moyano recibió la explicación de la
policía de Corrientes de que lo hacía "por orden del gobernador
Colombi".
Estas iniciativas, la de Moyano y ahora la
de Alurralde, judicializan el grave episodio ocurrido en la ciudad correntina
el 21 de diciembre pasado.
Un
episodio grave
Ese día, una brigada compuesta por
efectivos de la ex Drogas Peligrosas, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE)
y la Unidad de Trata de Personas de la policía santafesina llegó hasta Goya
para realizar allanamientos y detenciones en una causa relacionada con el
tráfico de estupefacientes. La investigación se había iniciado un año antes,
con el secuestro de un cargamento de marihuana y quedó a cargo de Alurralde.
Tras las primeras pesquisas, todos los indicios comenzaron a apuntar a narcos
correntinos afincados precisamente en Goya, ciudad situada al otro lado del río
Paraná, frente a Reconquista.
El día de los procedimientos, Colombi se
trasladó 160
kilómetros , desde la ciudad de Corrientes hasta Goya,
para tratar de impedir que la policía santafesina practicara los allanamientos
y detenciones. La policía correntina, en tanto, obedeció sus órdenes directas e
incluso llegó a demorar durante varias horas al jefe del operativo, el
comisario Moyano, y a otro integrante de la brigada.
En las horas posteriores, el grave episodio
desencadenó una serie de declaraciones públicas y acusaciones cruzadas entre el
propio Colombi y las autoridades políticas de Santa Fe, incluidos el gobernador
Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Ambos
defendieron la legitimidad de la actuación de la policía santafesina en la
vecina provincia, que actuó en Goya siguiendo órdenes de un magistrado federal
que investigaba a una organización de traficantes. Además, destacaron ambos,
actuaron amparados por la ley.
Ayer Alurralde explicó que esa
investigación continuó adelante pese a la insólita intervención del gobernador
Colombi. Dijo que en estos días se realizan pericias sobre el material
probatorio incautado en los allanamientos en Goya, y reveló que los detenidos
en esos procedimientos fueron trasladados a la cárcel de Coronda.
Sin
prejuicios
El magistrado explicó además que al ordenar
una investigación contra Colombi no parte desde ningún prejuicio. Sin embargo,
aseguró con énfasis que como funcionario judicial no puede dejar de investigar
la conducta del gobernador y de los jefes policiales que respondieron a sus
insólitas órdenes. "Existe la posibilidad de que hayan cometido delitos de
acción pública y debemos averiguarlo", sostuvo.
Formalmente, lo que hizo Alurralde es abrir
un proceso penal y pedirle al fiscal federal de Reconquista, Bruno Ojeda,
reemplazante temporal de la fiscal federal Viviana Bruno, que investigue a
Colombi y los uniformados correntinos que trataron de impedir los allanamientos
y las detenciones de personas sospechadas de participar de una red narco con
base en Goya y puntos de distribución y venta en distintas ciudades y
localidades santafesinas y otras dos provincias.
Alurralde aclaró expresamente además que su
pedido de investigación no termina en Colombi sino que incluye "a todos
los protagonistas" del episodio del 21 de diciembre en Goya, y eso incluye
a los jefes policiales de esa ciudad.
Más allá de que el investigado sea la
máxima autoridad política de una provincia, el juez Alurralde explicó que
cualquier ciudadano puede ser sujeto de una investigación respecto de sus
actos, razón por la cual no hay motivos para no poner bajo la lupa a Colombi
por el solo hecho de ser gobernador. "Nadie está por encima de la ley, ni
siquiera los funcionarios públicos y los magistrados", aseguró.
Vehículos
con drogas
La investigación que condujo a Alurralde y
la policía santafesina a Goya se había iniciado un año antes, pero en los días
previos al escandaloso allanamiento del 21 de diciembre la interceptación de
una lancha cargada con droga proveniente de esa ciudad aceleró el
procedimiento.
Sin embargo, la irrupción en el escenario
de la policía correntina primero, y de Colombi después, complicó las cosas. El
gobernador quiso justificar su insólita intervención en la defensa de los
testigos, trasladados de Corrientes a Goya por la policía de Santa Fe. Tanto en
la estructura de la Justicia federal como en el poder político de la provincia
de Santa Fe, en cambio, hay sospechas solapadas de que detrás de ese gesto
puede esconderse algo más, como la intención de proteger a alguien e impedir
que fuera detenido.
El procedimiento finalmente se hizo y hubo
diez arrestados, entre ellos Javier Oscar López. Según sospechan los
investigadores judiciales y policiales santafesinos, el "Cabezón"
López trafica periódicamente unos 200 kilos de marihuana desde Goya a Chaco,
Santa Fe y Entre Ríos. Alurralde llevaba seis meses investigándolo y López es
una de las personas que terminaron detenidas en la ciudad correntina. Ahora
está preso en Coronda, como los otros presuntos narcos que cayeron ese día.
Colombi, en tanto, ya es parte de una
investigación judicial "por enriquecimiento ilícito, violación de los
deberes de funcionario público, falsedad ideológica, evasión tributaria
agravada y abuso de autoridad". La denuncia es del año pasado y está a
cargo de Carlos Schaffer, uno de los fiscales federales de Corrientes.
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