La estancia correntina "Santa María de Aguapey", durante el operativo policial de 2013
La Cámara Federal de Casación Penal hizo
lugar días atrás al recurso interpuesto conjuntamente por los fiscales Carlos
Schaefer y Diego Iglesias, respectivamente, a cargo de la Fiscalía General ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y la Procuraduría de
Narcocriminalidad (Procunar), contra la decisión de la Cámara Federal
correntina que hizo lugar al recurso de la defensa de María Hilda Calabrese,
oriunda de Santo Tomé, para que ésta mantuviera su libertad bajo caución
personal. Calabrese es la dueña de la Estancia “Santa María del Aguapey”, lugar
donde en septiembre de 2013 Gendarmería Nacional realizó un espectacular
procedimiento antidrogas donde se detuvieron a nueve personas, se secuestraron
cuatro avionetas y cerca de 400 kilos de cocaína.
De esta manera, los jueces de la Sala 3
hicieron lugar al recurso interpuesto por los fiscales Schaefer e Iglesias,
contra la decisión de la Cámara Federal correntina que había mantenido la
situación de libertad de la imputada. En la misma resolución, se ordenó también
el apartamiento de los magistrados que la integran y la desinsaculación de
nuevos magistrados a los efectos de que se dicte una nueva resolución de
acuerdo a los lineamientos trazados por ese Tribunal.
Calabrese está procesada como partícipe
necesario, en orden a los delitos de transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización de estupefacientes, agravado por la organización y cantidad de
intervinientes en concurso real con el delito de asociación ilícita. La defensa
de la mujer solicitó su excarcelación, la cual fue concedida, lo que motivó que
los fiscales recurrieran tal decisión.
Dos años atrás (el 28 de diciembre de
2015), la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la
presentación de los representantes del Ministerio Público y ordenó el dictado
de una nueva resolución. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes desoyó la decisión del Tribunal de alzada y mantuvo la libertad de
Calabrese, lo que motivó que los fiscales presentaran un nuevo recurso y, ante
su rechazo, interpusieran el respectivo recurso de queja “a fin de que se
ordene la detención de la mujer”.
En su presentación, Schaefer e Iglesias
consideraron que la resolución de la Cámara correntina resultaba arbitraria por
“no analizar la naturaleza y complejidad de los hechos que se le atribuyen a la
imputada”, al tiempo que solicitó que se anulase la excarcelación de Calabrese
y ordenara la inmediata detención.
En una nueva resolución, la Sala 3 de la
Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci,
Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, concordaron hacer lugar al recurso
interpuesto por Schaefer e Iglesias, anular la resolución de la Cámara Federal
de Apelaciones de Corrientes y reenviar las actuaciones para que se dicte un
nuevo pronunciamiento.
En su voto, al que adhirieron sus colegas
Riggi y Catucci, el juez Gemignani sostuvo que “existen elementos a considerar
que cuentan con la entidad suficiente para tener por configurados los peligros
procesales que ameritan revocar la resolución cuestionada, con la finalidad de
asegurar el normal desarrollo del proceso”. Agregó además que debía
considerarse que “la nombrada posee un importante patrimonio que la dota de
suficiente solvencia económica como para entorpecer la causa, colaborar con
quienes aún no han podido ser traídos al proceso y, eventualmente, fugarse de
la Justicia” y concluyó que “la detención de la encausada no resulta
irrazonable a los fines de garantizar el normal desarrollo y finalización del
proceso que se le sigue, lo que torna arbitraria la decisión en examen”.
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