El jefe antidrogas santafesino, José Moyano, responde al gobernador correntino Ricardo Colombi, que estaba enfurecido
Por Hernán Lascano (La Capital, Rosario)
Un procedimiento de policías santafesinos
que fueron a la provincia de Corrientes a detener a presuntos narcotraficantes,
acusados de abastecer desde Goya a distribuidores de droga en Reconquista,
terminó en un escándalo mayúsculo. El propio gobernador correntino, Ricardo
Colombi, se trasladó 160
kilómetros hasta el lugar donde se realizaban los allanamientos,
enardecido por lo que consideró una intromisión inaceptable en su jurisdicción.
En ese marco, el jefe antinarcóticos de
Santa Fe, José Mario Moyano, fue detenido en uno de los domicilios en los que
se halló droga con cargos que hasta anoche no terminaron de quedar claros; pero
que no habrían emanado del pedido de un juez sino de una orden política.
La excéntrica situación, que confrontó
durante siete horas a las autoridades de ambas provincias en un conflicto
inédito, se desató a partir de una pesquisa que tiene varios meses en la que
interviene el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde.
El martes a la madrugada tres hombres
fueron sorprendidos en una lancha en el Paraná en la que llevaban unos 40 kilos
de marihuana cerca de esa ciudad del norte santafesino. Por escuchas
telefónicas supieron que los apresados se habían provisto en varios domicilios
de Goya. Así, 40 policías santafesinos de la Dirección General de Prevención y
Control de Adicciones (DGPCA), la TOE y la Unidad de Trata de Personas llegaron
ayer a esa ciudad correntina con una orden firmada por Alurralde.
Tensión
A las 12 del mediodía el gobernador de
Corrientes apareció en la calle Chile al 1000, en Goya, donde allanaban dos
casas. "Colombi uestionaba a viva voz que policías santafesinos hubieran
levantado a chicos de Corrientes que salían una fiesta para que fueran testigos
del procedimiento. Decía que eso era una privación de libertad. El gobernador
se dirigió en muy malos términos a todos nosotros. Moyano le explicaba que
actuaban con la orden de un juez federal y que los testigos estaban allí por
una carga pública. Colombi estaba en cólera y le respondió que lo iba a hacer
poner preso", contó Andrea Simón, empleada del área de Prensa del
Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que estaba allí trabajando.
Los operativos se hicieron en ocho
domicilios de Goya con grupos de irrupción de la TOE. Unos 60 policías
correntinos rodearon esas viviendas pero no se les permitió la entrada. Fuentes
del gobierno indicaron que se hallaron cuatro kilos de marihuana. Hubo diez
detenidos.
Mientras transcurrían las acciones Colombi
se comunicó con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a
quien increpó a gritos delante de los vecinos.
"El gobernador pidió que dejáramos
libres a los testigos. Le contesté que los testigos se irían tras los
operativos y que no estaban presos. Dejarlos ir era infundado y habría
significado el fracaso del allanamiento. Todavía no puedo entender qué enojó a
Colombi", dijo anoche Pullaro a este diario.
En el fragor de la tensión el jefe de la
policía santafesina, José Luis Amaya, se trasladó en helicóptero hasta Goya.
Enterado de su llegada, Colombi lo invitó a conversar en un hotel.
"Me explicó que se había sentido
molesto por considerar que debió haber una comunicación previa. Le dije que no
lo compartía, que nuestro personal actuaba con mandato judicial, que muchas
veces hay detalles de una causa que yo mismo desconozco y que eso me parece
prudente. Le expliqué que mi personal estaba trabajando dentro de la ley y que
yo estaba allí porque tenía un oficial superior detenido sin razón
aparente", dijo Amaya anoche a este diario.
Amaya dijo que, según le explicaron, a
Moyano lo habían denunciado familiares de uno de los testigos por privación
ilegítima de la libertad. Algo que al jefe policial santafesino le pareció
insensato.
Según dijo Pullaro, a Moyano le indicaron
primero que lo detenían por orden de la jueza de Instrucción Nº 6 de
Corrientes, Elizabeth Ferreyra. Luego le dijeron que estaba demorado por
decisión policial acusado de presunta privación de libertad de dos testigos.
A las 19 de ayer a Moyano le permitieron
irse. Se dirigió a un hotel de la capital de Corrientes desde donde retornará
hoy.
Absurdo
"Toda la situación es un gran absurdo
que no está claro. Ningún juez provincial es competente para actuar sobre la
orden de un juez federal que era el motivo por el cual Moyano estaba en Goya.
No entendemos la actitud de Colombi, que nos deja perplejos", dijo el
secretario de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli.
¿Por qué trasladar desde Corrientes a los
testigos de un operativo que se haría en otra ciudad? "Porque no se puede
escoger en Goya a dos vecinos para que señalen a traficantes de Goya y que
luego sigan viviendo allí. Como no se puede hacer algo así en un barrio de
Santa Fe o Rosario. Eso tuvo una finalidad de resguardo", agregó.
"Por lo que supimos uno de los
testigos es hijo de una abogada influyente de la ciudad de Corrientes que avisó
que haría un escándalo por que la policía había trasladado a su hijo a
Goya", dijo Andrea Simón.
"Todo fue muy ambiguo y extraño, menos
lo que fueron a hacer los policías santafesinos. Ellos tenían la orden de un
juez y el respaldo de una investigación de más de seis meses. Nuestra posición
contra el narcotráfico es conocida y defendemos a los policías que como ayer
hacen su trabajo lealmente", dijo Pullaro.
Facultades
"Nuestra intervención estuvo ajustada
a derecho, dentro de nuestras facultades. No es el primer allanamiento que se
hace. Meses atrás hicimos otro similar en Resistencia (Chaco) con policía de
Santa Fe y no hubo ningún inconveniente, mucho menos de parte de autoridades
políticas. Es la primera vez que pasa algo así", dijo el juez federal
Alurralde a la radio Aire de Santa Fe.
Fuentes de la investigación dijeron a este
diario que escuchas en tiempo real —es decir transcriptas mientras se producían
los llamados— dejaron saber que los abastecedores de la droga descubierta en la
lancha eran distribuidores que compraban la marihuana en Goya y la revendían a
quioscos de Reconquista.
"Esto comenzó con una investigación de
hace casi un año por parte de la policía de Santa Fe. El trabajo de campo en la
zona de la costa y del puerto de Reconquista, sumado a intervenciones y escuchas
telefónicas, permitió saber cómo operaban estas personas", explicó el juez
federal.
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