El presidente de la Nación, Mauricio Macri
Por Daniel Santoro (Clarín)
El presidente Mauricio
Macri firmará en los próximos días un decreto para modernizar la ley de
Fronteras a fin de aumentar los controles para la lucha contra el narcotráfico
y otras nuevas formas de crimen organizado, mientras se envían más gendarmes
para combatir la inseguridad en el Gran Buenos Aires, informaron a Clarín
fuentes gubernamentales. El decreto es políticamente sensible porque regirá
sobre 9.600
kilómetros de fronteras que tiene el país.
Como primera medida, el
decreto transferirá la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de la órbita del
ministerio del Interior de Rogelio Frigerio al de Seguridad de Patricia
Bullrich. Esta comisión tendrá un plazo de 180 días para enviar un proyecto de
ley a fin de definir una nueva ley de fronteras, que no se actualiza desde hace
70 años. “El proyecto de ley será consultado con “ministerios, gobernadores y
especialistas”, remarcaron las fuentes.
Esta nueva política se
toma mientras se movilizan efectivos de la Gendarmería y Prefectura de las
fronteras para enviarlos al Conurbano por la inseguridad, proceso que comenzó
con el ex presidente Carlos Menem y fue continuado por todos los gobiernos. A
partir del decreto se aumentará la presencia de funcionarios nacionales de la
Aduana, Migraciones, SENASA y Vialidad en las fronteras.
Uno de los aspectos
claves es redefinir la llamada zona de seguridad de fronteras que constituye “una
extensión” de la frontera de 150 kilómetros en tierra y de 50 en el mar,
revelaron las fuentes. Uno de los problemas comunes de Gendarmería, por
ejemplo, es el seguimiento de aviones ilegales de los narcos que terminan aterrizando
en provincias mediterráneas como Santiago del Estero y sacando el caso de la
órbita federal.
Las fuentes explicaron
que “en general en el norte está bien la actual extensión pero en otras zonas
del país no”.
Más allá de si es un
aumento geográfico de la zona, este decreto y luego la ley le dará más
competencia a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura y otros organismos
nacionales en las provincias. Para no herir susceptibilidades, las medidas se
coordinarán con los gobernadores e intendentes de la zona.
El caso de la pariente
del gobernador kirchnerista de Formosa, Gildo Insfran, involucrada en un caso
de tráfico de marihuana es un ejemplo de la necesidad de que el estado nacional
recupere el control de las fronteras.
Otro de los cambios de
fondo es la integración de la comisión nacional. Desde 1996 estaba militarizada
con la designación de vocales como el jefe de Inteligencia del Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas. A partir del decreto de Macri, se saca a los militares y
habrá representantes de la secretaria de Lucha contra el Narcotráfico, de
Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, y de Planeamiento Estratégico y
Política Militar de Defensa.
Esta presencia del
ministerio que dirige Julio Martínez se debe a la necesidad de coordinar el
trabajo con el control del espacio aéreo y los radares de la Fuerza Aérea y el
Ejército para la detección de vuelos ilegales.
A principios de año,
Martínez suspendió la participación del Ejército en el operativo Escudo Norte.
Entre otras razones, el kirchnerismo había dejado una deuda de 170 millones de
pesos a los efectivos que participaron de ese operativo incrementado por el ex
jefe del Ejército, general César Milani. Martínez pagó la deuda pero se quedó
con menos fondos presupuestarios.
Todos estos
representantes actuarán bajo la supervisión del secretario de Fronteras de
Seguridad, Luis Green.
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