Armamento secuestrado en Rosario
Por Federico Fahsbender (Infobae)
No cualquier narco villero tiene una
serpiente pitón suelta en el piso de su casa. Para el mundo transa provincial,
tener una mascota de esta característica, es, por así decirlo una extravagancia
fuera de serie. El 4 de septiembre último, más de 300 efectivos de la Policía
Bonaerense irrumpieron en el asentamiento Betharram de Almirante Brown.
Pertenecientes a divisiones como Drogas Ilícitas y el Grupo Halcón, tenían 15
órdenes de allanamiento firmadas por el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora,
a cargo del doctor Patricio Santa Marina y el secretario Leonardo D'Amore.
"El Canchi", "El Tío" y
"El Corona" eran sus principales sospechosos, presuntos jefes de una
estructura narco investigada durante varios meses, con ocho líneas de teléfono
intervenidas, que había acumulado cocaína suficiente para más de 30 mil dosis
con adictos que hacían colas de media cuadra para conseguir droga en sus
kioskos. Hubo, al final del operativo, nueve detenidos. La pitón fue encontrada
reptando en el suelo de una de las casas de los presuntos narcos en la
periferia de la villa Betharram; ya había mudado su piel para llegar a su
típico tono entre amarillo y blanco. La serpiente era una suerte de custodia;
estaba ahí para proteger, estiman los investigadores, el arsenal de la banda,
uno de los mayores lotes de armas encontrados a manos de delincuentes en los
últimos tiempos.
Fueron 16 armas en total: carabinas,
rifles, revólveres calibre .38, hasta municiones antiaéreas. Sin embargo, las
estrellas fueron tres fusiles FAL calibre 7.62, junto a dos ametralladoras, una
de ellas una UZI .9mm, con la marca de un escudo que fue suprimido. Su dueño
anterior no habría sido otra que la Policía misma. Cada arma tenía sus
cargadores llenos. El dueño de casa hoy se encuentra procesado con prisión preventiva
por el delito de acopio de armas de guerra en concurso real con narcotráfico
organizado. Pero la banda de la pitón no fue la única en tiempos recientes en
caer con armas de este tipo.
Los tres fusiles FAL secuestrados a "la banda de la pitón", en Almirante Brown
Las granadas FMK-2,
también nacionales y de fabricación militar, son otra figura repetida. Le
encontraron una, por ejemplo, a una banda de transas paraguayos desbaratada por
la PFA en el barrio Agua de Oro en General Rodríguez a comienzos de agosto. El
dispositivo estaba listo para explotar. "Dicen que las encuentran
'tiradas'", se ríe un veterano fiscal con respecto a los explosivos.
Granada de origen nacional incautada a narcos en General Rodríguez
Los casos se repitieron a
lo largo del año: bandas dedicadas a entraderas, delincuentes sorprendidos en
autos, todos con ametralladoras y fusiles de asalto. Las armas que solían ser
dominio exclusivo de asaltantes de blindados hoy son una variable generalizada
para el delito. Hoy, por ejemplo, aparecen en secuestros exprés. En julio de
este año, ocho delincuentes armados con fusiles FAL raptaron a una familia a la
salida del country La Martona, liberados tras pagar 15 mil pesos. Toda esta
larga lista de casos no hace más que ilustrar algo que jueces, fiscales y
comisarios consultados por Infobae no dudan en llamar "una crisis, una de
las mayores concentraciones de armas pesadas en manos de delincuentes vistas en
tiempos recientes".
La ametralladora "tumbera" propiedad de "Brendita, la pistolera"
País de fierro
La PFA también acusa el
impacto de la crisis de las ametralladoras en sus propios hombres. La división
Armas, que depende del área de Delitos Federales y tiene como fin investigar el tráfico en la
materia, perdió a uno de sus principales oficiales con rango de subcomisario en
febrero último; un grupo de cuatro delincuentes intentó secuestrarlo mientras
intentaba ingresar a su casa en Pablo Podestá. El oficial abrió fuego. La
superioridad de los secuestradores fue evidente: lo balearon con una
ametralladora FMK3. Recibió siete tiros en el cuerpo; se encontraron más de 50
vainas servidas en la escena.
Parte del arsenal incautado a "la banda del M-16", investigada por el fiscal Paul Starc
La UFI-RENAR, que depende
del Ministerio Público Fiscal y está encabezada por los fiscales federales
Jorge di Lello y Franco Picardi con el doctor Rubén Castro como secretario, es
el ala de la Justicia a cargo del problema. Tiene como objetivo investigar
delitos relacionados con armas de fuego, municiones, explosivos, pirotecnia y
demás materiales controlados por el RENAR, así como la falsificación de
documentación. Ya tuvo cerca de cuatro mil actuaciones judiciales desde sus
comienzos en 2005. Hoy, la UFI-RENAR está en medio de una larga investigación
preliminar que busca una respuesta de la que suelen carecer fiscales y jueces:
determinar cuál el origen de los fusiles de asalto en manos de los delincuentes
argentinos. La UFI, por ejemplo, trabaja estrechamente con el área de Armas de
la PFA.
Un colador
La unidad a cargo de Di Lello,
Picardi y Castro no solo tiene sus ojos puestos en el mercado interno. El
"Mercorsur de la ametralladora", por así decirlo, es una realidad: la
exportación a países limítrofes de armas con el sello de Fabricaciones
Militares es un hecho que la Justicia argentina tiene en la mira hace más de
cinco años. El caso del contador uruguayo Saúl Feldman fue una suerte de
pionero que motivó un viaje de miembros de la UFI-RENAR al país vecino.
Fusil de asalto M-16 secuestrado a Carlos Fiordelino, uno de los prófugos más buscados del país
Un funcionario
experimentado asegura: "Las armas más sofisticadas pasan por la Triple
Frontera, principalmente por Ciudad del Este. Nadie te controla. Vas así nomás.
Si pasás un par de zapatillas, ¿cómo no vas a pasar una ametralladora?" En
2014, un rumor policial que repercutió fuertemente en fiscalías de la provincia
apuntó la llegada de un lote de 50 fusiles AK-47, posiblemente rusos o
coreanos, que fueron vendidos en pocos días a 5 mil dólares cada una.
Hay hallazgos recientes
hechos por la Policía bonaerense que hablan de un poder de fuego importado
sumamente significativo. Carlos Fiordellino era uno de los prófugos más
buscados de la Argentina; se había escapado al trote de una alcaidía policial
en Rosario hace cinco años luego de caer con más de 50 kilos de marihuana y una
pistola.
Armas incautadas en Rosario que se alquilaban a ladrones
A comienzos de este mes,
Richard Castillo, "El Mocosón", oriundo del Callao peruano, terminó
posando para una cámara policial con la remera al cinto y sus viejos tatuajes
tumberos a la vista. Ex presunto sicario del cartel del capo limeño Gerald
Oropeza, "El Mocosón" fue acusado de tener un plan algo ambicioso:
convertirse en un capo él mismo. Para hacerlo, intentó tomar el control de una
villa, tal como hizo su compatriota "Marcos" Estrada en la 1-11-14
del Bajo Flores quince años atrás. Castillo se instaló en la villa Las Achiras
de La Matanza, una zona de baja conflictividad, con casi una docena de
subalternos, incluidos dos familiares directos, para montar diversos kioskos
narcos. No solo ofrecía, presuntamente, pasta base a diez pesos la dosis:
contaba también con "alita de mosca", cocaína premium de su país a
300 pesos el gramo.
Cuando la dependencia La
Matanza de la división Drogas Ilícitas arrojó al piso al "Mocosón"
para esposarlo tras una larga investigación, le encontraron dos fusiles de alto
poder capaces de convertir ladrillo hueco en escombro. El primero fue un Heckler
und Koch, calibre .223, oriundo de Alemania, considerado uno de los mejores
fusiles de asalto livianos en el mercado. El segundo es casi una pieza de
colección: un SKS calibre 7.62×39, un diseño soviético de más de 60 años,
predecesor de la AK-47, un arma hoy en desuso pero históricamente disponible en
casi toda Latinoamérica. La SKS del "Mocosón" tenía su cargador
modificado ilegalmente para mayor capacidad.
Se trata de control
Hay otra boca de expendio
fuertemente sospechada por la UFI-RENAR: las viejas agencias de seguridad
privada que operaron a lo largo de la década del '90 para luego desaparecer.
Hoy sería impensado que un vigilador privado apostado en un shopping o un banco
esgrima un arma de fuego; una cachiporra suele ser la norma. Pero casi 25 años
atrás, al calor del discurso de la "mano dura", los guardias de las
agencias de seguridad tenían permiso para portar armas automáticas, algo que
hoy está reservado a los custodios de transportes de caudales. La portación de
armas de alto poder para las agencias quedó prohibida, pero qué pasó con esas
armas es un misterio, que, por lo pronto, se traduce en varios cadáveres.
En Rosario, una fiscal
investiga una serie de siete fusiles FMK3 de .9mm y Halcón, desarrolladas hace
más de 50 años por Fabricaciones Militares, involucradas en robos de bancos y
ajustes de cuentas. Esa fiscal envió un oficio a la UFI-RENAR en febrero de
este año con los números de serie de varias de estas armas que, al contrario de
la norma, no habían sido limados: se descubrió que varias de ellas pertenecían
a una agencia de vigilancia que había dejado de operar en 1990.
Fusil SKS secuestrado al narco "El Mocosón", en La Matanza
La Justicia y las fuerzas
de seguridad entendieron que, por así decirlo, fierro viejo mata igual. Se
sospecha, por ejemplo, que los alzamientos carapintadas llevaron a insertar una
gran cantidad de armas al mercado negro. A fines de julio último, el Ministerio
de Seguridad santafesino a cargo de Maximiliano Pullaro decidió entregar al
ANMAC más de tres mil armas para que sean destruidas. El lote, detectado tras
un largo proceso de reordenamiento en el área de Logística de la Policía
provincial, incluyó pistolas calibre .38, .9mm, ametralladoras, escopetas 12,70
y armas lanzagases. Muchas de las armas, fabricadas en la década del '70,
estaban en desuso: el Ministerio, básicamente, buscaba evitar que sean
revendidas a delincuentes. A fines de agosto, la División Sur de Inteligencia
de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones desbarató un
negocio al menos conveniente en la calle Castellanos al 3400: un servicio de
alquiler de armas con 19 ítems en la lista, incluida una ametralladora
semiautomática con el cañón adaptado para silenciador.
El problema no era nuevo
para Pullaro, por otra parte. En marzo último, se encontraron casi 600 armas
sin registrar en más de cien comisarías y subcomisarías. Ese mismo mes, dos
jóvenes de apenas 18 y 22 años fueron detenidos a bordo de un Peugeot 306 en la
zona oeste del Gran Rosario. En el baúl, junto a una pelota de fútbol, tenían
un virtual arsenal de neto origen militar suficiente para atacar un blindado:
dos granadas para fusiles FAL, una granada antitanque para lanzacohetes, un
rifle de asalto calibre .308 con mira telescópica comúnmente empleado por
francotiradores, dos pistolas y decenas de municiones. Uno de los explosivos
provenía de la polémica planta de Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán,
que funcionó bajo control de La Cámpora, arrojó el hueco más preocupante para
el tráfico interno de armas en la Argentina en tiempos recientes.
A mediados de marzo, un
allanamiento a presuntos narcos en Villa Gobernador Gálvez, cerca de Rosario,
arrojó dos detenidos y un lote prolijamente dispuesto en cajas. Había dos
granadas lacrimógenas, municiones para FAL y calibre .9 mm . Cada caja tenía la
inscripción "Fabricaciones Militares Fray Luis Beltrán". El
Ministerio de Defensa bajo Julio Martínez había ordenado una extensa auditoría
de la planta del complejo de Fabricaciones Militares. El faltante fue de más de
9 millones de fulminantes de municiones .9 mm . y 1,7 millones de fulminantes para
cargas de FAL, según reveló Clarín. También, no se habían registrado más de 750
mil proyectiles, también para fusiles FAL. En la lista, también hubo espoletas,
granadas y cargas para lanzacohetes, material suficiente para sostener una pequeña
guerra.
Hoy, fuentes tanto
judiciales como policiales miran a las Fuerzas Armadas con recelo: "Con
respecto a todos estos FAL y FMK3, a todas estas granadas, los cuarteles son
siempre la incógnita", dice un veterano fiscal. Las sospechas, por otra
parte, recaen también mecánicos armeros del Ejército como mano de obra
desocupada: "Hay muchos FAL con número de serie limado, con partes
ensambladas. Hace falta conocimiento. No es como en las películas, donde los
marines te arman y desarman una ametralladora con los ojos cerrados, no es
encastrar y girar. Para manipular algo así hace falta un conocimiento
específico. Eso lo tiene un mecánico armero".
Todavía, reconocen desde
la UFI-RENAR, no hay una causa judicial en el país que tenga en la mira a un
alto oficial militar como presunto responsable del tráfico de armas, pero los
números de años recientes son un tanto elocuentes. En julio de 2012, un informe
oficial del ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina que fue citado por Clarín
reveló el robo de más de 400 armas a las FF.AA, incluidos 154 fusiles FAL y
nueve ametralladoras Browning. No se habla, tampoco, de tráfico a gran escala.
El robo hormiga, como un caso ocurrido en 2012 en la Base Naval de Zárate
investigado por el juez federal Adrián González Charvay en donde un delincuente
le robó un FAL a punta de pistola a un efectivo en plena guardia nocturna,
suele ser la norma.
Granadas para FAL incautadas a dos jóvenes en el Gran Rosario
De cara a esta situación,
controlar a cuarteles y arsenales en todo el país se vuelve un punto urticante.
El ex RENAR no puede hacerlo de oficio, así como la UFI a cargo de Di Lello y
Picardi, ni para las FF.AA o para las fuerzas de seguridad federales y
provinciales: ambos no pueden ingresar a dependencias militares sin una orden
judicial. Para la PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA, el Ministerio de
Seguridad presentó esta semana una nueva Dirección Nacional que se encargará de
auditarlas aunque, curiosamente, no tendrá potestad o injerencia para controlar
el stock de armas en comisarías y dependencias.
De todas formas, la
preocupación es evidente. Para este fin, la cartera a cargo de Patricia
Bullrich creó a mediados de junio el Programa Integral de Gestión de Arsenales
y Trazabilidad de Armas y Municiones con el objetivo de "desarrollar e
implementar medidas de control de armas, gestión de riesgo y alerta temprana
para minimizar el robo, desvío, pérdida y proliferación de armas, explosivos y
municiones de las fuerzas de seguridad", aseguró un comunicado oficial.
Bajo esta directiva, se ordenó "efectuar un diagnóstico de la situación
para elaborar un inventario apropiado". La palabra "extravío"
suele ser un eufemismo: el año pasado, la PFA recibió varios reportes de armas
supuestamente perdidas de una fuerza militar en particular.
Las Fuerzas Armadas son
jurisdicción del Ministerio de Defensa. Un funcionario en el Edificio
Libertador apunta: "Todos los años se hace, al menos una vez al año, una
auditoría general. Este año, no hubo faltantes. Pero los anteriores, sí".
No hay comentarios:
Publicar un comentario