Por Gabriel Di Nicola (La Nación)
En Argentina, donde el narcotráfico sigue siendo un viejo problema que, por el momento, no parece tener solución, el sistema penal invierte gran parte de los recursos humanos y económicos en combatir delitos menores de la ley drogas, como son la tenencia y consumo de drogas.
En Argentina, donde el narcotráfico sigue siendo un viejo problema que, por el momento, no parece tener solución, el sistema penal invierte gran parte de los recursos humanos y económicos en combatir delitos menores de la ley drogas, como son la tenencia y consumo de drogas.
En 2015, en el país hubo
22.020 expedientes judiciales por violación a la ley de estupefacientes: el 50%
fueron causas iniciadas por delitos como tenencia para consumo personal (37%) y
tenencia simple (13%).
Si se excluyen a los
distritos que se adhirieron a la ley de Desfederalización (las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa y Chaco) la proporción de delitos menores
asciende a 53 por ciento (39% por tenencia para consumo personal y 14% por
tenencia simple).
Además, si se comparan
los datos de 2015 con los de 2014, se advierte que el año pasado crecieron las
investigaciones judiciales por tenencia para consumo y tenencia simple (50%
contra 45%), pero se disminuyeron los expedientes judiciales por delitos más
graves como comercio o tenencia para transporte o almacenamiento (41% contra
46%).
El estudio tiene otro
dato alarmante: en 2015, sólo en la ciudad de Buenos Aires hubo 3632 causas
judiciales por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal.
El 96 por ciento de estos expedientes judiciales termina archivado.
Así surge de un informe
estadístico elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a
cargo del fiscal federal Diego Iglesias, al que tuvo acceso LA NACION.
"La intención del
trabajo fue analizar parámetros que permitieran ilustrar hacia donde se dirige
la persecución penal en materia de drogas, analizando las causas judiciales de
2015.Se pudo comprobar algo que se venía observando y que es lo más
preocupante: en todo el país se repite un mismo patrón, que es una baja
eficiencia del sistema penal, al direccionar un parte muy importante de los
recursos humanos y materiales en la persecución de los llamados delitos menores
de la ley de drogas", afirmó el fiscal Iglesias.
Según el responsable de
la Procunar, organismo creado en febrero 2013 por la procuradora general de la
Nación, Alejandra Gils Carbó, la persecución penal de delitos menores
"distrae recursos de donde se deben concentrar, que es la investigación de
la narcocriminalidad: la criminalidad organizada vinculada al tráfico ilícito
de drogas y sus delitos conexos".
Influencia del caso Arriola
En marzo pasado, LA
NACION informó que a casi siete años de que la Corte Suprema de Justicia
declarará inconstitucional la penalización de la tenencia de droga para consumo
personal, fallo conocido como Arriola, las causas judiciales por este tipo de
delitos habían aumentado en los juzgados y fiscalías federales de Comodoro Py.
Después del "fallo
Arriola", mucha gente creyó que se puede fumar libremente marihuana en
cualquier parte. Y esa supuesta "apertura" al consumo no fue tolerada
por la decisión de la Corte. Según explicó en su momento el Centro de
Información Judicial (CIJ) "la Corte no se expidió ni legitimó el consumo
con ostentación hacia terceros, ni aquel con intención de comercializar, y sólo
se refirió a la marihuana. No se consagró un permiso legal para consumir
indiscriminadamente sino sólo en el supuesto que definió con rigor. No se
adoptaron posiciones sobre la conveniencia de la sanción penal del consumo de
drogas o su despenalización".
Según el trabajo de la
Procunar, el 62% de las 20.020 causas judiciales por infracción a la ley de
drogas comenzó por "la acción preventiva" de las fuerzas de
seguridad.
"Este dato está
profundamente relacionado con la preponderancia de causas por delitos menores,
especialmente por tenencia para consumo personal, en su mayoría iniciadas por
tareas de prevención dada la persecución de casos de flagrancia por parte de
fuerzas de seguridad", se explicó en el informe de la Procunar.
En otras palabras: la
mayoría de las causas que se inician por medio de la acción de las fuerzas de
seguridad son casos donde se detienen a personas fumando marihuana en la calle.
El estudio de la Procunar
dividió al país en regiones: Ciudad de Buenos Aires (CABA), región Bonaerense
(sólo los delitos de comercio y contrabando), región Noreste (Santa Fe,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa y Chaco), región Patagónica (La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz), Región Centro-Cuyo (Mendoza,
San Luis, Córdoba, San Juan y La Rioja) y Región NOA (Jujuy, Salta, Santiago
del Estero y Tucumán).
Según el informe de la
Procunar, en la región CABA durante 2015 hubo 7887 causas por infracción a la
ley 23.737 (estupefacientes) y violación de artículo 866 del Código Aduanero
(contrabando).
El 55% de los 7887
expediente judiciales que se tramitaron el año pasado en la ciudad de Buenos
Aires en los fueros federales y en el penal económico fueron por delitos
menores. En cambio, los delitos de contrabando (4%) y comercio, transporte y
almacenamiento (39%) sumaron el 43% de las investigaciones.
Si se compare el año 2015
con 2013 y 2014, se redujo de forma considerable el porcentaje de causas
judiciales por los delitos más graves vinculados con el narcotráfico. Mientras
que en 2013, los expedientes por tráfico ilícito fueron el 46% del total y en
2014 del 44%, el año pasado sólo fue del 39%; mientras que las investigaciones
por tenencia para consumo y tenencia simple crecieron.
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