La localidad fronteriza de Salvador Mazza
Por Gabriel Di Nicola (La Nación)
Mauricio Gerónimo y Gabriel Maurin ganaron
su banca como concejales en mayo pasado. Pero sólo llegaron a compartir una
sesión del Concejo Deliberante de esta ciudad. Fue el 10 de diciembre último,
el día de sus asunciones y cuando los ediles decidieron quiénes iban a ser las
autoridades del cuerpo deliberativo local. Ahora, ambos están destituidos por
"inhabilidad moral e indignidad". Uno está prófugo. Otro, detenido.
Los dos están acusados en una causa judicial donde se investiga una poderosa
organización narcocriminal a la que le secuestraron 267 kilos de cocaína de
máxima pureza, proveniente de Bolivia.
Salvador Mazza, como las ciudades vecinas
de Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán y Aguas Blancas, es una zona caliente
del contrabando donde hay 30
kilómetros de frontera con Bolivia. Los casos de Gerónimo
y de Maurin pusieron al descubierto la connivencia entre la política y el poder
del narcotráfico.
"Si invierten en bienes saben que
pueden ser descubiertos; en cambio, piensan que la impunidad está en el poder y
la política es poder. Entonces ponen los billetes del contrabando en las
campañas electorales. Creen que el cartel de político les da legitimidad",
describió a LA NACION una calificada fuente judicial. Otros investigadores
consultados coincidieron en que es un modus operandi que se está extendiendo en
el Norte.
Maurin y Gerónimo formaban parte del bloque
oficialista. Ganaron su banca como aliados del Frente para la Victoria. El hoy
detenido fue en la lista del Movimiento Popular Único (MPU) y el prófugo por el
Frente Grande, que apoyaron al ganador, el intendente Rubén Méndez, del Partido
Justicialista, quien después de una licencia médica volvió a su cargo.
Salvador Mazza es una ciudad de 30.000
habitantes, donde para nadie es un secreto quiénes están en el negocio ilegal
del tráfico de drogas y no pocos sospechan de algunos políticos. Pero por temor
a represalias todos prefieren callar. Hay un paso internacional que comunica
con San José de Pocitos, en Bolivia, para el negocio legal, pero también
"aduanas paralelas" que sirven como camino directo para el
contrabando.
Gerónimo está prófugo desde mediados del
mes pasado. Una posibilidad es que este oculto en Bolivia. Jesús, su hermano,
está detenido. Le secuestraron 528.000 dólares dentro de una mochila en el baúl
de un Toyota Corolla. Los investigadores judiciales sospechan que era lo que
pagó el comprador de los 267 kilos de cocaína para el almacenamiento y
transporte del embarque de droga hacia su destino.
Maurin fue detenido el 26 del mes pasado,
cuando ocupaba interinamente la presidencia del Concejo Deliberante. Él, en la
sesión del 10 de diciembre, había sido elegido vicepresidente primero. Hasta
llegó a formar parte de la comisión investigadora que pidió la destitución de
Gerónimo. Su hermano Rubén, abogado de profesión, fue apresado 12 días antes en
el Chaco, cuando se secuestraron los 267 kilos de cocaína, que estaban en una
doble pared del acoplado del camión. La droga había llegado desde Bolivia en un
vuelo ilegal. El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos ya pidió el
procesamiento de los hermanos Maurin, de Jesús Gerónimo y de otros sospechosos
apresados. El juez federal Julio Bavio ordenó la captura del empresario
boliviano Wilson Maldonado Balderrama, que sería el proveedor de la droga.
Maldonado Balderrama, conocido por su
pasión de criar caballos, ya había estado preso en la Argentina. Pero en 1988,
cuando tenía 50 años, un tribunal oral federal anuló los procedimientos que
hizo la Policía Federal y lo absolvió.
La investigación del juez Bavio, del fiscal
Toranzos y de detectives de la Unidad Especial de Investigaciones y
Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional comenzó cuando se
secuestró una avioneta y se detuvo a dos jóvenes pilotos bolivianos. El GPS de
la aeronave y el teléfono satelital fueron el puntapié inicial para llegar
hasta los concejales sospechados.
"La sospecha es que Maurin y Gerónimo,
junto con sus cómplices, se encargaban de acopiar la droga que llegaba desde
Bolivia y después debían trasladarla hasta donde pedía el comprador. Por las
pruebas reunidas en el expediente, se puede decir que eran los encargados de la
logística y el transporte. Cobraban un porcentaje del valor del embarque",
afirmó a LA NACION otra importante fuente judicial.
Los indicios reunidos por los
investigadores judiciales y de la Gendarmería nacional hacen suponer que la
droga llegaba al país en vuelos ilegales. Los "narcopolíticos"
bombardeaban con droga campos del departamento salteño de Anta.
"La droga era arrojada desde avionetas
en campos de Joaquín V. González y Las Lajitas, entre otros lugares, donde la
señal de celular es mala. Los sospechosos se encargaban de ocultar la droga en
algún de- pósito para después transportarla. Antes del operativo de trasladado,
un vehículo de la banda recorría la ruta para saber si había controles",
dijo una fuente del caso.
El
intendente fue denunciado por violento
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