20 de febrero de 2016

Fiscales federales y provinciales, contra el crimen organizado

Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación

Por Germán de los Santos (La Nación)

Fiscales federales y provinciales trabajarán en Santa Fe en forma conjunta temas vinculados al crimen organizado, con eje en el narcotráfico y en el lavado de activos. Este nuevo esquema de investigación, que es la primera vez que se pone en práctica en el país, surgió de un acuerdo que firmaron la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el gobernador santafecino, Miguel Lifschitz. A través de la firma de un convenio se terminaron de definir "líneas de trabajo y articulación interjurisdiccional para profundizar y mejorar la persecución penal en materia de criminalidad organizada, en especial las vinculadas a la narcocriminalidad, lavado de activos y trata de personas".

Esta nueva etapa parece dejar atrás los fuertes cruces entre fiscales federales y funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe, que cuando se inició el expediente 913/12, conocido como la causa de Los Monos, quedaron encerrados en una polémica por la jurisdicción, mientras el avance del narcotráfico perforó con violencia una ciudad donde en los últimos tres años hubo 736 crímenes.

Hasta fines del año pasado los Cantero no tenían causas abiertas en la justicia federal y fueron investigados por asociación ilícita en el fuero provincial a partir del asesinato de Martín Paz el 8 de setiembre de 2012. El resultado fue que 11 miembros de la organización fueron beneficiados con un juicio abreviado, con penas de entre tres y seis años, mientras manejaban la venta de droga desde el penal de Piñero. Recién en diciembre pasado el juez federal Marcelo Bailque procesó a 23 integrantes del grupo por tráfico de estupefacientes.

Gils Carbó mantuvo un extenso encuentro durante la mañana con Lifschitz y luego se reunió con Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario. También se juntaron fiscales federales y provinciales para verse las caras. Como confesó un funcionario judicial, muchos ni siquiera se conocían, por distintos motivos, entre ellos la desconfianza mutua. Más allá de este nuevo esquema de coordinación en las investigaciones judiciales, el gobierno de Santa Fe reclama que se creen nuevos juzgados y fiscalías para enfrentar el narcotráfico.

"Lo que planteamos es que las políticas criminales deben ser focalizadas desde la temática de cada provincia. No es algo que se decide desde la Capital Federal con esquemas preestablecidos, sino que es necesario un diálogo permanente con información actualizada y equipos trabajando en conjunto para avanzar contra el crimen organizado", aseguró Gils Carbó, en diálogo con LA NACION.

El gobernador santafecino planteó desde que asumió en diciembre pasado la necesidad de que se sumen más jueces federales y fiscales en la provincia. "Se necesita una estructura de la justicia federal en Santa Fe que esté a la altura de las circunstancias, que pueda enfrentar con éxito todas las causas del narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y lavado de dinero", sostuvo. En Rosario hay sólo dos juzgados de ese fuero, y la última fiscalía fue creada en 1978.

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro fue más concreto al poner sobre la mesa una añeja preocupación. Pidió urgencia en el abordaje de uno de los temas que -según el funcionario- generan mayor violencia, como es el narcomenudeo. "Es importante ir contra los eslabones superiores del tráfico de estupefacientes, investigar el lavado de dinero, pero hay algo real que es que la violencia cotidiana, que provoca muchas veces muertos, y está atravesada por el fenómeno del narcomenudeo, por la venta de estupefacientes en los búnkeres". Pullaro exigió que las órdenes de allanamiento contra los quioscos de droga se libren con mayor rapidez. "Un búnker de drogas que funciona durante cinco o seis meses provoca un desastre en un barrio", apuntó.

El fiscal regional Jorge Baclini señaló que el trabajo "articulado" con los funcionarios del Ministerio Público federal se aceitó durante este último tiempo, y sostuvo que el intercambio de información es fundamental para avanzar contra delitos del crimen organizado. Puso como ejemplo el trabajo de la base de datos que se comparte sobre el tema balístico, que es clave para la investigación de los homicidios.

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