Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación
Por Germán de los Santos (La Nación)
Fiscales federales y provinciales trabajarán en Santa Fe en forma conjunta temas vinculados al crimen organizado, con eje en el narcotráfico y en el lavado de activos. Este nuevo esquema de investigación, que es la primera vez que se pone en práctica en el país, surgió de un acuerdo que firmaron la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el gobernador santafecino, Miguel Lifschitz. A través de la firma de un convenio se terminaron de definir "líneas de trabajo y articulación interjurisdiccional para profundizar y mejorar la persecución penal en materia de criminalidad organizada, en especial las vinculadas a la narcocriminalidad, lavado de activos y trata de personas".
Fiscales federales y provinciales trabajarán en Santa Fe en forma conjunta temas vinculados al crimen organizado, con eje en el narcotráfico y en el lavado de activos. Este nuevo esquema de investigación, que es la primera vez que se pone en práctica en el país, surgió de un acuerdo que firmaron la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el gobernador santafecino, Miguel Lifschitz. A través de la firma de un convenio se terminaron de definir "líneas de trabajo y articulación interjurisdiccional para profundizar y mejorar la persecución penal en materia de criminalidad organizada, en especial las vinculadas a la narcocriminalidad, lavado de activos y trata de personas".
Esta nueva etapa parece
dejar atrás los fuertes cruces entre fiscales federales y funcionarios del
Poder Judicial de Santa Fe, que cuando se inició el expediente 913/12, conocido
como la causa de Los Monos, quedaron encerrados en una polémica por la
jurisdicción, mientras el avance del narcotráfico perforó con violencia una
ciudad donde en los últimos tres años hubo 736 crímenes.
Hasta fines del año
pasado los Cantero no tenían causas abiertas en la justicia federal y fueron
investigados por asociación ilícita en el fuero provincial a partir del
asesinato de Martín Paz el 8 de setiembre de 2012. El resultado fue que 11
miembros de la organización fueron beneficiados con un juicio abreviado, con
penas de entre tres y seis años, mientras manejaban la venta de droga desde el
penal de Piñero. Recién en diciembre pasado el juez federal Marcelo Bailque
procesó a 23 integrantes del grupo por tráfico de estupefacientes.
Gils Carbó mantuvo un
extenso encuentro durante la mañana con Lifschitz y luego se reunió con Jorge
Baclini, fiscal regional de Rosario. También se juntaron fiscales federales y
provinciales para verse las caras. Como confesó un funcionario judicial, muchos
ni siquiera se conocían, por distintos motivos, entre ellos la desconfianza
mutua. Más allá de este nuevo esquema de coordinación en las investigaciones
judiciales, el gobierno de Santa Fe reclama que se creen nuevos juzgados y
fiscalías para enfrentar el narcotráfico.
"Lo que planteamos
es que las políticas criminales deben ser focalizadas desde la temática de cada
provincia. No es algo que se decide desde la Capital Federal con esquemas
preestablecidos, sino que es necesario un diálogo permanente con información
actualizada y equipos trabajando en conjunto para avanzar contra el crimen
organizado", aseguró Gils Carbó, en diálogo con LA NACION.
El gobernador santafecino
planteó desde que asumió en diciembre pasado la necesidad de que se sumen más
jueces federales y fiscales en la provincia. "Se necesita una estructura
de la justicia federal en Santa Fe que esté a la altura de las circunstancias,
que pueda enfrentar con éxito todas las causas del narcotráfico, trata de personas,
tráfico de armas y lavado de dinero", sostuvo. En Rosario hay sólo dos
juzgados de ese fuero, y la última fiscalía fue creada en 1978.
El ministro de Seguridad
Maximiliano Pullaro fue más concreto al poner sobre la mesa una añeja
preocupación. Pidió urgencia en el abordaje de uno de los temas que -según el
funcionario- generan mayor violencia, como es el narcomenudeo. "Es
importante ir contra los eslabones superiores del tráfico de estupefacientes,
investigar el lavado de dinero, pero hay algo real que es que la violencia
cotidiana, que provoca muchas veces muertos, y está atravesada por el fenómeno
del narcomenudeo, por la venta de estupefacientes en los búnkeres".
Pullaro exigió que las órdenes de allanamiento contra los quioscos de droga se
libren con mayor rapidez. "Un búnker de drogas que funciona durante cinco
o seis meses provoca un desastre en un barrio", apuntó.
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