Pullaro: "Vamos a avanzar sobre los que asesoran a las bandas en el delito"

El nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

Por Hernán Lascano (La Capital, Rosario)

A los 40 años Maximiliano Pullaro renuncia a la banca de diputado provincial que revalidó en las elecciones recientes para ser ministro de Seguridad en el gobierno de Miguel Lifschitz. Le espera el lugar más ingrato del gabinete pero declara optimismo. “Tomé esta temática desde que empecé como legislador. Ingresé a la política con deseo de transformar y no para correrle el cuerpo a las oportunidades”, dice. Anuncia que someterá a la policía provincial a un control permanente, que a cada unidad policial le impondrá objetivos y que hará un censo para establecer en qué situación está cada uniformado. Pondrá a disposición de cada intendente esos datos para que cada uno sepa con qué dotación de agentes cuenta su distrito.

“Nuestra meta es disminuir los índices de una violencia urbana muy diversa. Apuntamos a perforar la narcocriminalidad por el modo en que en Santa Fe y en Argentina alteró comportamientos sociales. Por cómo este delito se organizó económicamente generando una violencia novedosa y profunda. Tendremos presente el lavado de dinero y el rol de los profesionales que actúan dentro de estas bandas. Pero tembién enfocaremos otros delitos que siendo menores generan malestar, como los escruches a viviendas y los robos en la vía pública. Para eso necesitamos una fuerza policial preparada, activa, que recupere la verticalidad, el orden y el prestigio.

—Esto se dice como rutina cada vez que un ministro asume. Más allá de la buena fe queda el resabio de que persiste el discurso sin que la realidad del delito y las fuerzas policiales se altere.

—Nuestro mayor empeño será para que esa realidad se modifique. Nosotros en democracia nos formamos en un déficit: entendiendo que la seguridad era un problema de las fuerzas de seguridad y que la función de la política era dotar de recursos y medios a esas fuerzas. Hoy comprendemos que la dimensión es construir una política que pueda perdurar en el tiempo. Apuntamos a dos pilares. Uno es la construcción de información que nos revele con claridad la situación en cada barrio en cada ciudad con datos propios, para no ser en el Ministerio procesadores de los datos que nos aporten otros organismos como las Fiscalías, la policía o los organismos municipales. A partir de estos datos, más los que aporten las encuestas de victimización sobre los delitos no denunciados, planificaremos políticas públicas. El segundo pilar es tener una Secretaría de Control que trabaje con rigor. Que no debe mirar sólo los casos de policías comprometidos en delitos sino supervisar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, que estará sujeta a metas, para verificar si hay una correcta prestación del servicio.

—El año pasado Berni dijo que el fenómeno del delito en Rosario era de baja intensidad comparado con las áreas del conurbano bonaerense. ¿Cómo valora lo que pasa en la provincia?

—Nosotros advertimos que no tenemos bandas con logística y tecnología que le impidan al Estado desarticularlas. Sí vemos una compenetración preocupante entre sectores de las fuerzas de seguridad y la delincuencia civil. La política miró durante muchos años para otro lado. Tenemos que avanzar sobre el delito complejo como el narcotráfico y la estructura el del lavado de activos para lo que necesitamos mucha colaboración nacional. Y centralmente sobre los que asesoran en el delito a las bandas.

—¿A quién se refiere?

—A profesionales que están integrados a las estructuras criminales para asegurarles éxito económico. Hablo de abogados, escribanos, contadores que asesoran en el delito. Y para evitar malentendidos aclaro que no estoy hablando de una mayoría de profesionales que trabajan lealmente, ni de abogados que reciben consultas de personas acusadas de delitos y las defienden, sino de aquellos que son organizadores del delito de manera permanente y se llevan una parte enorme del beneficio económico de las bandas. Acaba de ser condenado en Chaco un abogado en la causa Carbón Blanco (Carlos Salvatore) porque era el cerebro del blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. Hablo de estructuras criminales a las que vamos a investigar en profundidad para lo cual necesitaremos mucha colaboración de organismos nacionales. El Estado se tiene que apropiar de los bienes del crimen organizado como punto clave. Una persona que no tiene recursos no puede reconstruir su empresa criminal desde la cárcel y pagar a los mejores profesionales. El eje para la reproducción de la violencia es la impunidad. Y muchas veces la impunidad la aseguran personas que se formaron con nosotros en la universidad pública.

—En los últimos días el jefe de la comisaría 19ª fue preso por liberar el terreno a un narco y la cúpula de la sub 26ª por integrar una banda que robó un banco. La policía está integrada al delito no en casos aislados sino de modo estructural. ¿Cómo se propone trabajar en semejante contexto?

—Hay una ley ya promulgada que es el organismo de investigaciones, la llamada Policía Judicial, que comienza a armarse en diciembre. Lo pondremos en funcionamiento lo antes posible. Este cuerpo va a ir sobre los delitos complejos y los de funcionarios públicos. Pero además la Secretaría de Control, que será reforzada con un cuerpo de inspectores, va a operar judicialmente las denuncias contra policías que deshonren su uniforme. A los malos policías los vamos a echar. A los buenos policías los vamos a jerarquizar.

—Sobre estos delitos de policías jerárquicos históricamente la Justicia casi no produce condenas. Ni sobre enriquecimiento ilícito, ni sobre adulteración de evidencia, raramente sobre apremios ilegales. ¿Qué opina de eso?

—Nosotros vamos permanentemente a interpelar a la Justicia provincial como lo hice como diputado provincial a la Justicia Federal cuestionando la mirada y el rol que tenía sobre los casos de narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Necesitamos separar la paja del trigo y sacar a los malos policías. Pero con los policías que salen a patrullar en el frío, con los que un día de calor están en la ruta, con los que responden ante un llamado sin saber con qué se van a encontrar, con ellos queremos construir una mejor seguridad pública. Y que sean los mejor remunerados y equipados del país.

—Hubo muchos pasos erráticos sobre la policía en poco tiempo. En 2006 se sancionó la Ley de Personal que creó un escalafón único que ahora se quiere desactivar. En la gestión de Bonfatti se anunció crear 51 jefaturas de ciudad y luego se aplazó. Hay cinco jefaturas nodales que conviven con las unidades regionales. ¿Cuál es la idea de ustedes?

—Se debe recomponer la verticalidad y el orden jerárquico en la policía. Pero con una mirada política profunda que supervise cada área. Nosotros vamos a impulsar la organización en el esquema de 19 unidades regionales. Pero lo anunciaremos en el momento en que estemos en ejercicio. Habrá un jefe de policía de provincia con poder para comandar a cada unidad operativa. Habrá planificación y control permanente. Lo que no puede suceder es que un político le baje simultáneamente órdenes al oficial superior, al mando medio y a los eslabones bajos porque eso socava la autoridad del jefe policial. A un policía sólo le imparte órdenes un policía de rango superior. Y el nivel político monitorea, pone objetivos, construye indicadores y diseña políticas públicas.

—Lisfchitz habló de reorganizar la seguridad. Parece afirmar que está desorganizada.

—Se llevaron adelante reformas importantes en la provincia de Santa Fe. Pero con los cambios recientes siempre hay cosas que corregir. Entendemos que hay un problema de administración: el tema logístico, financiero y de recursos humanos es clave para nuestra gestión. Es insostenible el descontrol que hay con carpetas médicas que sustraen miles de efectivos del trabajo. Con eso hay un negocio liso y llano de robo al Estado. O policías que permanecen años en disponiblidad cobrando gran parte del sueldo sin que sus sumarios se resuelvan. O que haya casi tantos efectivos en funciones administrativas como en funciones operativas. Haremos un censo policial para saber en qué estado se hallan los recursos humanos. Los datos sobre la dotación policial los vamos a compartir luego con cada uno de los intendentes para que ellos controlen y tengan peso sobre el destino de los agentes asignados a sus zonas.