El 4 de abril de 2013 se hallaron 18 kilos de droga en una chacra de Alvear. Para la justicia fueron "plantados"
Por María Laura Cicerchia (La Capital, Rosario)
¿Cómo llegaron a la célebre chacra de
Alvear los 18 kilos de droga que la policía provincial encontró allí en abril
de 2013? Esa pregunta quedó abierta tras el juicio en que cuatro personas
ligadas a la quinta allanada fueron absueltas por vicios del operativo. Los
tres jueces del Tribunal Oral Federal que las juzgó ordenaron investigar el
procedimiento y esa nueva causa se abrió la semana pasada en la fiscalía a
cargo Santiago Marquevich, donde al menos tres policías serían indagados. Según
se desprende de los fundamentos del fallo, no los citarán por simples anomalías
en su desempeño sino directamente por la "tenencia, transporte y
almacenamiento" del estupefaciente, bajo la sospecha de que el material
fue plantado.
Esto surge del escrito que los jueces Otmar
Paulucci, Ricardo Vázquez y José María Escobar Cello redactaron para explicar
por qué absolvieron de los detenidos en la chacra, como lo habían pedido las
partes. Si bien no podían ir más allá de esa propuesta común, en su sentencia
respaldaron el alegato del fiscal federal Adolfo Villate, quien pidió
interrogar a policías y al juez provincial Juan Carlos Vienna por autorizar el
allanamiento. Lo encontraron "debidamente fundado en una valoración
fáctica y jurídica de los elementos de prueba reproducidos en las audiencias".
Los jueces federales consideraron que la
apertura de una investigación para imputarles a policías la procedencia de la
droga configura una "solución razonable" a lo observado en el juicio.
Así, ordenaron extraer copias de los alegatos finales del fiscal Villate, del
abogado particular Fausto Yrure y la defensora oficial Ana María Gil (los tres
hicieron referencia a las irregularidades) y remitirlas a la fiscalía en turno
con el estupefaciente secuestrado: 13.805 gramos de
marihuana repartida en 14 panes y 1.193 envoltorios y 4.290 gramos de
cocaína distribuida en 2.731 paquetes.
Apertura
Ese material llegó la semana que pasó a la
fiscalía federal Nº 1 a
cargo de Santiago Marquevich, donde se abrió la nueva causa. Quedó en mesa de
entradas para la certificación de copias. Luego de ese trámite de ingreso, el
fiscal evaluará los pasos a seguir. Tiene indicaciones del mismo fallo judicial
de indagar a tres policías por plantar la droga.
En los Tribunales Federales de Oroño al 800
no es infrecuente que una causa por drogas termine con el operativo bajo la
lupa por irregularidades funcionales. Lo inusual es que sean los mismos
policías quienes terminen acusados de traficar la droga que dijeron hallar. Es
lo que ocurrirá en este caso si se concreta el pedido de Villate, al que los
jueces le dieron el okey.
Además, el nuevo expediente podría
incorporar desde el inicio más de 22 mil fojas si prospera un pedido del
abogado Yrure ante el camarista provincial Daniel Acosta. El defensor del dueño
de la chacra de Alvear, Diego Cuello, también representa a Ariel Máximo
"El Viejo" Cantero, procesado como miembro de la banda de Los Monos.
El jueves, en una audiencia para pedir su libertad, solicitó que la causa
913/12 por asociación ilícita se incorpore a la investigación de la narcochacra
que inicia Marquevich. Intenta demostrar que la requisa en Alvear se ordenó
para forzar a Cuello a declarar contra Los Monos.
El
origen
El allanamiento se concretó el 4 de abril
de 2013 en una quinta del camino a Cargill de Alvear. Fue tras el robo a un
local de Calatayud de San Martín al 2100 de Rosario, de donde una banda se
había llevado electrodomésticos por una suma millonaria dos días antes. Los
efectivos llegaron allí en base a información anónima contenida en un
"reporte de tareas" de la agrupación de Orden Público que aludía a un
tal "Cuellito" como supuesto pirata del asfalto.
El escrito, firmado por el sargento Fabio
Ces, el sargento Marcelo Cabrera y el oficial subayudante Sergio Montenegro,
advertía en base a "información de calle" que ese hombre "se
encontraría ofreciendo a la venta electrodomésticos", que "sería muy
conocido en el mundo del hampa" y que la quinta sería usada para esconder
los camiones.
El informe fue remitido desde Jefatura al
entonces jefe de la comisaría 5ª, comisario José María Brunelli, quien
investigaba el robo a Calatayud aún sin una lista de lo robado. Fue este jefe
policial quien solicitó la orden de allanamiento al juez Vienna.
En la chacra fueron detenidos Diego Cuello,
de 38 años y dueño de la quinta, su pareja Gabriela Martinetti, el empleado
Carlos Arriola (dijo que iba a alimentar a los pollos) y el casero Facundo
Ceferino Sandoval, un quinto acusado que no se presentó en el juicio y Miguel
Angel "Japo" Saboldi, el preso que murió ocho días después junto a
otros dos internos en un incendio provocado en la alcaidía de Jefatura.
Además de la droga hallada en un pozo
séptico de los chiqueros, se encontraron dos balanzas, 145 mil pesos,
celulares, dos chalecos antibalas y armas —dos pistolas y tres escopetas— por
las que se inició una investigación paralela en la Justicia provincial. Una
causa que se cayó por graves deficiencias del operativo (ver página 33). Sólo
quedó procesado por tenencia de un arma Cuello, quien había sido interrogado
por Vienna por ser el último en comunicarse con Martín "Fantasma" Paz
minutos antes de su asesinato en Entre Ríos y 27 de Febrero el 8 de septiembre
de 2012.
El juicio oral por la droga, tras dos
audiencias en las que el mismo operativo fue el objeto de debate, desembocó en
la absolución de los cuatro imputados por falta de acusación fiscal. En el caso
de Cuello, se consideró que eran para consumo personal los 2,3 gramos de marihuana
y 6,6 de cocaína hallados en otra casa a su nombre de la calle Julio Marc.
Cámara
móvil
El fiscal Villate desistió de la acusación
persuadido de que la droga fue plantada. De esto lo convenció el video del
allanamiento, donde se ve "claramente cómo fue el ingreso de los policías,
desordenado y caótico", que "luego de 20 minutos se advirtió la
ausencia de testigo" y donde "se llegó a plantear la existencia de 50
policías dando vueltas por todo el predio".
La irregularidad más grosera fue el momento
en que un policía se llevó una bolsa, cuyo contenido aún se desconoce, al grito
de "bueno, bingo, efeté", en alusión a dinero.
Para Villate, en una interpretación que
respaldó el tribunal en sus fundamentos, la droga habría sido plantada por al
menos tres policías a los que la filmación registró, a cierta distancia,
merodeando alrededor del desagüe: "Se pudo ver al sargento Ces agachado y
manipulando algo dentro del lugar donde posteriormente se encontraron los
estupefacientes". En ese momento la cámara realiza un rodeo extraño.
"Se le pidió al camarógrafo que se fuera del lugar y se ubique en un punto
opuesto hacia donde supuestamente se había encontrado un cargador de pistola.
Luego se lo convocó nuevamente al mismo lugar, donde se ve a Ces manipulando
algo tras lo cual, sorpresivamente, encuentran la droga".
A
responder
"Entendiendo que el estupefaciente fue
plantado por el personal policial dice el fallo, se considera que
la droga fue tenida, transportada y almacenada por ellos, considerando que su
conducta se adecua en el artículo 5º de la ley 23.737, es decir, tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización". Sobre ese delito tienen
que responder "los que allí se encontraban": el sargento Fabio Ces,
el sargento Marcelo Cabrera y un policía de apellido Enríquez, "debiendo
identificarse el resto de los efectivos policiales y sus jefes".
A esto se suma el pedido de Villate, al que
los jueces también dieron curso, para que se interrogue al juez de Instrucción
provincial Juan Carlos Vienna sobre "la falsedad ideológica de los
intervinientes en las actas y las privaciones ilegítimas de la libertad
producidas por apariencia de legalidad". Una citación que crispó aún más
la ya tensa relación entre el magistrado y la Justicia Federal con motivo de su
actuación en la causa de Los Monos.
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