Héctor Superti, abogado del gobernador santafesino Antonio Bonfatti
Por Hernán Lascano (La Capital, Rosario)
La decisión de Antonio Bonfatti de no
impulsar la acusación contra el único detenido como autor de la balacera contra
su vivienda genera interpretaciones tanto a nivel jurídico como político. En el
proceso del que es parte como querellante, el gobernador se abstiene de avanzar
contra Emanuel Sandoval porque, según el abogado Héctor Superti, la prueba
reunida es a su criterio insuficiente. Dice Superti: “Que este hecho quede
impune sería frustrante, pero también lo sería que se utilice un chivo
expiatorio. Es la Justicia la que tiene la obligación de investigar y aclarar
este atentado. El gobernador es solamente una parte que tiene una capacidad
lateral de contribuir a que eso ocurra”.
Superti indica que está totalmente probado
que en octubre de 2013 hubo un ataque a una casa y puso en peligro la vida de
personas. “Además hay un plus: una de esas personas es el gobernador. Y eso le
añade al incidente una trascendencia institucional innegable. Es una
investigación compleja donde aparecen personas involucradas en organizaciones
criminales, en tramas policiales oscuras, en tráfico de droga. Pero a nuestro
criterio los resultados de la investigación no permiten hasta aquí fundamentar
una acusación que prospere en un juicio. Hay dos aspectos que son igual de
preocupantes en la investigación de un caso penal. El primero es la impunidad,
el segundo es que haya chivos expiatorios. Se debe investigar respetando los
límites del Estado de Derecho”.
—Como
querellantes discrepan con la fiscalía,
que entiende que hay elementos para acusar.
—Aclaremos varias cosas. La primera
obligación en cuanto al deber de investigar y las atribuciones para hacerlo son
del Poder Judicial, que puede ordenar allanamientos o detenciones, intervenir
teléfonos, secuestrar evidencia. En el proceso penal la víctima puede
participar como querellante, lo que implica una colaboración en el aporte de
pruebas, sugerir diligencias o controlar la investigación. Y en un momento la
investigación se vio agotada y hubo que tomar una decisión. La fiscalía decidió
acusar a la única persona imputada por la autoría material del atentado
(Emanuel Sandoval). Pero entendimos que no había material para convencer de la
autoría a un tribunal.
—¿Por
qué?
—Porque hay un déficit de prueba que nos
indica que no habrá condena. Tenemos una testigo que dice haber visto a cuatro
personas disparando contra la casa desde dos motos pero sin poder verle la cara
a ninguno. No había cámaras en la calle. Hay aspectos periféricos en la
investigación como informes de inteligencia policiales, llamadas anónimas,
rumores que sirvieron para formalizar la acusación. A la fiscalía le parece
razonable acusar con eso y nosotros lo respetamos. Pero no es nuestra
conclusión.
—Dada
la magnitud del hecho, ¿no era posible acompañar a la fiscalía aún cuando no se
llegue a una condena?
—No se trata de acompañar. La querella es
una parte y tiene su propio criterio. A veces fiscalia y querella coinciden,
otras discrepan en matices, otras en aspectos mayores. Para poder evaluar las
decisiones hay que conocer la investigación. Hay un dato relevante surgido
cuando fueron apeladas las prisiones domiciliarias de los dos imputados. En una
audiencia pública un juez (Alfredo Ivaldi) analizó el caudal probatorio en el
caso del atentado. Dijo que contra Sandoval había suficientes elementos para un
procesamiento pero veía como “muy opinable” que hubiera la certeza requerida
para condenar. Interpreto que la lectura de ese magistrado es que hay déficit
de prueba. La situación del policía Pablo Espíndola es distinta porque se le
secuestró una de las armas usada en el atentado. Pero él no está ligado a la
comisión del ataque sino a su encubrimiento.
—El
no acusar a Sandoval significa que ya no habría nadie más que responda por el
atentado. ¿No hay hipótesis alternativas?
—Reitero lo que le dije. Nos resultaría frustrante que un hecho tan
grave termine en la impunidad. Pero nos resultaría igual de frustrante que se
condene a alguien sin prueba. No cambiaremos nuestro pensamiento sobre lo que
sostuvimos toda la vida.
—Atacar
al gobernador es como un desafío extremo. Quedará la idea de que la policía
conducida por este gobierno fracasó.
—No cometamos el error gravísimo de pensar
que Bonfatti podría movilizar a la policía para resolver la situación de lo que
pasó en su casa. La responsable es la Justicia, que tiene en forma exclusiva la
capacidad de disponer de la fuerza pública para aclarar el hecho. El gobernador
no puede ni debe. Este hecho no tiene una prioridad distinta de esclarecimiento
que otros y menos al extremo de hacerlo de cualquier modo. Perdemos el norte si
para aclarar un hecho grave como el atentado al gobernador nos salimos de las
reglas. No estamos haciendo una crítica al modo en que se investigó. Solamente
vemos que el resultado no nos permitirá sostener con éxito una acusación.
—Pero
será inevitable interpretar que la policía que tiene funciones de inteligencia
no pudo esclarecer el atentado de su jefe.
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