El fical general de San Isidro, Julio Novo
Por Gabriel Di Nicola (La Nación)
El 27 de este mes, dos
días después de las elecciones generales, comenzarán a ser indagados los
máximos responsables de la fiscalía general de San Isidro, imputados por
presunto encubrimiento agravado en una causa que vincula tres homicidios de
colombianos en el norte del conurbano y el caso del narcojet, por el que los
hermanos Gustavo y Eduardo Juliá fueron condenados en Barcelona a 13 años de
prisión por traficar una tonelada de cocaína.
La decisión de indagar al
fiscal general de San Isidro, Julio Novo, sus adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo
Caro, y las secretarias Melisa Rey y Mariana Busse fue tomada por la jueza
federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado a instancias de un pedido del
fiscal federal Fernando Domínguez.
La causa se inició en
octubre de 2012 tras una denuncia del fiscal de San Isidro Luis Angelini, a
cargo de la investigación de los homicidios de Héctor Edilson Duque Ceballos,
alias "Monoteto", y Jorge Quintero Gartner, ocurridos en julio de
2008 en una de las playas de estacionamiento del shopping Unicenter, en
Martínez, y de Juan Sebastián Galvis Ramírez, ejecutado frente a un negocio de
venta de jet skis en San Fernando, en febrero de 2009.
Angelini sostuvo que Novo
entorpeció sus investigaciones una vez que apareció en ella el nombre de Juliá.
El fiscal general de San Isidro, en cambio, dijo que él y su equipo sostuvieron
en distintas etapas los allanamientos pedidos por Angelini (que habían sido
rechazados por la justicia de Garantías del distrito y por la Casación), y que
la denuncia del fiscal esconde no sólo su ineficacia en la pesquisa, sino la
omisión de informar en tiempo y forma a la justicia federal sus hallazgos en la
causa de los homicidios para que sea el fuero al que legalmente le correspondía
hacerlo el que investigara el "narcotráfico transnacional" que
eventualmente aparecía detrás de aquellos crímenes.
Angelini hizo primero la
denuncia contra Novo y su equipo ante la justicia porteña. El juez federal
Ariel Lijo se declaró incompetente y giró el caso a San Isidro, donde el fiscal
Domínguez le dio impulso.
Con el correr de los
años, lo que debió ser una investigación de tres sonados crímenes que permitían
inferir la presencia de la mano criminal del narcotráfico, se convirtió en un
escándalo judicial, una disputa de poder y una fuerte pulseada entre fueros, en
los que se entrevé, además, la influencia de la política.
Así aparecen los hitos
del caso en una línea de tiempo. Al igual que su colega Diego Grau (que lo
antecedió en la investigación), Angelini vinculó en los homicidios de Unicenter
a supuestos barrabravas de Boca; pidió la detención de cuatro sospechosos y más
de 15 allanamientos.
El 20 de julio de 2010,
el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli rechazó los pedidos de
detención de los sospechosos y los allanamientos. "Advierto que el Ministerio
Público Fiscal ha referido en reiteradas oportunidades que distintas personas
ligadas a este proceso podrían formar parte de una organización delictiva
internacional cuyo objeto sería el narcotráfico; entonces, teniendo en
consideración que esta cuestión excede la competencia material provincial, tal
como lo ha señalado el propio fiscal en su petitorio, he de hacerle saber que,
de considerar tal hipótesis, deberá dar inmediata intervención a la justicia
federal con el objeto de iniciar y profundizar, si correspondiere, la
investigación pertinente", sostuvo Rossignoli.
Allanamientos denegados
Angelini había pedido
allanar, entre otros lugares, las oficinas de la empresa Federal Aviation
(vinculada a Gustavo Juliá). Según la hipótesis del fiscal, había "tráfico
de llamadas entre personas investigadas (el doble crimen) y un abonado
telefónico móvil que pertenecería a dicha firma". Especulaba que un avión
de esa firma podría haber sido usado por los sicarios para entrar al país,
hacer su tarea y escapar. Pero Rossignoli consideró que no existían
"constancias objetivas de las cuales se desprenda que aquellas personas
investigadas se hayan valido de un medio de transporte aéreo a los fines del
mismo, como sostiene el fiscal".
Esa decisión fue apelada
por la fiscalía general de San Isidro ante la Cámara de Apelaciones local y la
Casación bonaerense, que también rechazaron los pedidos de Angelini.
Según consta en las
resoluciones, el 22 de octubre de 2010, Angelini remitió a la justicia federal
"testimonios parciales", según escribió la jueza Arroyo Salgado. En
febrero de 2011, cuando Juliá ya había caído en Barcelona con una tonelada de
cocaína en su avión, el fiscal remitió su dictamen y la resolución del juez de
Garantías Rossignoli. Para entonces, el juez en lo penal económico de la
Capital Alejandro Catania ya había allanado Federal Aviation para desentrañar
la salida de la droga hacia España en el narcojet.
En junio de 2012, Arroyo
Salgado decidió archivar la causa "por las notorias deficiencias
detectadas en la investigación del fiscal, sumadas al tiempo transcurrido desde
el día de los hechos hasta la remisión de las actuaciones". Pero el 9 de
diciembre de 2013, el fiscal Domínguez, que había jurado dos meses antes, y el
ex titular de la Procuraduría en Narcocriminalidad (Procunar) Félix Crous
solicitaron el desarchivo y la reapertura de la investigación. Un año después,
Domínguez pedía las indagatorias de Novo y su equipo, entre ellos, Busse,
esposa de Carlos Broitman, abogado defensor de Juliá. Sostuvo que entorpecían
deliberadamente el trabajo de Angelini cada vez que lograba avances en el doble
crimen o se acercaba al entorno de los Juliá.
Mientras, un jurado de
enjuiciamiento bonaerense evalúa si existen pruebas para abrir un jury contra
Novo, que hace cinco años fue denunciado por el hoy diputado provincial Marcelo
Saín.
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