El fiscal y personal policial caminan por la zona donde fue asesinada Abigail. Arriba, a la izquierda, la joven de 17 años
"No me hagan eso", pidió una voz
joven que venía de un matorral, cerca de la quebrada internacional entre
Salvador Mazza (Argentina) y Pocitos (Bolivia). La mujer que la escuchó se
alejó rápidamente. Tuvo miedo. Semanas después, cuando se conoció el asesinato
de Abigail Antelo, perdió el temor y se lo contó a policías argentinos que
investigaban el crimen ocurrido el 25 de agosto del año pasado. Su declaración
se sumó a una extensa carpeta que el fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón,
le entregó a su par de Yacuiba, Samuel Valverde, en la que se plasma la
hipótesis más sólida que se haya elaborado sobre el caso: la joven de 17 años
habría sido víctima de un ajuste de cuentas por narcotráfico.
La investigación fue solicitada por el
fiscal Cazón apenas fue informado del caso, a pesar de que no tenía -ni tiene-
jurisdicción, ya que el hecho sucedió en territorio boliviano.
El funcionario le pidió al suboficial
principal Rubén López y a otros efectivos que trabajan de civil y que dependen
de la comisaría 40 que hagan una autopsia psicológica. En otras palabras que
hablen con gente que conocía a Abigail y con posibles testigos del secuestro y
el asesinado de la joven. El resultado, a un año del hallazgo del cuerpo, se
convirtió en un aporte para que Valverde, el fiscal boliviano, pueda tener en
cuenta en su investigación.
Delinquir
por necesidad
Abigail pertenecía a una familia de muy
escasos recursos de Profesor Salvador Mazza. Los investigadores creen que las
necesidades hogareñas y personales la impulsaron a contactarse con un grupo que
traficaba cocaína desde Bolivia a la Argentina.
Así, durante algunos meses la joven
pertenecía a una red que ingresaba pequeñas cantidades de la droga desde
Pocitos boliviano a suelo argentino. Allí la entregaban a un acopiador.
"De lo que se pudo reconstruir, ella no vendía, solo pasaba la droga de un
país a otro por los pasos clandestinos que hay en este sector de la
frontera", señaló el fiscal Cazón en diálogo con El Tribuno.
En algún lugar que no fue explicitado la
droga se acopiaba durante un tiempo, y una vez que se juntaba determinada
cantidad recién se enviaba a los mercados de consumo, tal vez en Argentina, tal
vez fuera del país.
No se sabe por qué, pero un día Abigail
decidió salir de ese circuito delictivo. Ella seguía estudiando en el Colegio
Antártida Argentina de Salvador Mazza y tenía otros proyectos de vida, lejos de
esa red.
Dos hechos, según la autopsia psicológica,
se combinaron en ese momento crucial. Por un lado ella habría hablado con los
miembros de la red para dejar de pasar droga. Por el otro, hubo una denuncia de
una supuesta mejicaneada entre narcotraficantes y la acusada fue ella. No se
sabe si la señalaron de haberse quedado con dinero o con droga, y si lo
hicieron para evitar que dejara la banda o si fue un justificativo para cometer
el crimen.
Sí se sabe que "la involucraron en una
mejicaneada de la cual ella nunca participó", indicó el fiscal Cazón.
Un mensaje mafioso
Según la reconstrucción que pudieron hacer
los policías argentinos y que ahora está en manos de la Justicia de Bolivia,
alrededor del 20 de agosto Abigail desapareció y se sospechaba que podía estar
en Yacuiba, tal vez con miembros de la banda. El día 25 su cuerpo fue hallado
en la quebrada entre Salvador Mazza y esa localidad boliviana. Se cree que el
crimen ocurrió allí, entre los matorrales, a 150 metros del curso de
agua, donde fue hallado el cuerpo y donde los policías vieron manchas de sangre
y una piedra con la que la habrían golpeado. Dos o más hombres la atacaron y
dejaron su cuerpo desnudo, que permaneció allí tres días antes de ser
encontrado.
"Le destrozaron la cara, tanto que la
joven fue reconocida por una cicatriz que tenía en la espalda; eso es un
mensaje típico entre las bandas de narcos", explicó el fiscal Cazón.
Una
colaboración
Debido a que el crimen sucedió en Bolivia y
no existe un convenio de colaboración binacional en este punto, la autopsia
psicológica realizada por policías argentinos fue presentada a la Justicia de
Yacuiba en carácter de colaboración. "La llevé como un ciudadano argentino
que está interesado en una situación que le sucedió a una argentina en ese
país", sostuvo el fiscal Cazón, e insistió en que quien definirá las
pautas a seguir es el fiscal Valverde, de Yacuiba. "Es un informe serio,
pero será el fiscal quien disponga las medidas para corroborar el
informe", añadió.
Proyecto
para la cooperación judicial
Argentina y Bolivia tienen restricciones
para aportar pruebas penales. Un fiscal argentino que trabaja en la frontera
con Bolivia no puede colaborar con su par del vecino país si no es a través de
las cancillerías de ambas naciones. Esto se debe a que no existe un convenio
para que las pruebas que pueda obtener uno de ellos sean incorporadas en forma
directa, sin el largo trámite diplomático de por medio. El tiempo que hoy
demanda esa gestión favorece siempre a los criminales.
"Estamos a metros de distancia
geográfica, pero a un océano de distancia legal", es la frase que dice y
repite el fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón. El caso de Abigail Antelo es
un claro ejemplo: la reconstrucción del crimen que hizo la Policía argentina no
puede ser incorporada como prueba a la causa que lleva el fiscal de Bolivia,
Samuel Valverde.
"Estoy elaborando un proyecto de ley
para el Mercosur, para que sea legalmente válida la incorporación de una
investigación que hizo un país del bloque como prueba en un juicio que se lleva
a cabo en otro Estado", dijo Cazón. Ya tomó contacto con senadores
nacionales y espera sumar apoyos.
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