Proponen habilitar el 912, un número para denunciar la venta de drogas

El diputado radical por Jujuy, Mario Fiad, impulsor de un número telefónico para denuncias por venta de drogas

Por Daniel Gallo (La Nación)

La consolidación del narcotráfico local motivó que los principales candidatos esbozaran propuestas para frenar ese avance. Varias iniciativas deberán pasar por el tratamiento parlamentario, como la creación de una agencia nacional antidrogas, que, como publicó LA NACION la semana pasada, impulsará el próximo gobierno, sea cual sea. Otras ya se encuentran en el Congreso en espera de su debate.

Ahora, un grupo de 15 diputados de la UCR y Pro presentaron un proyecto de ley para crear un sistema nacional de denuncias telefónicas anónimas para alertar sobre puntos de ventas de drogas, de similar funcionamiento al 911 policial. Esos legisladores, encabezados por el radical jujeño Mario Fiad, presidente de la Comisión de Adicciones y Narcotráfico, buscan habilitar el número telefónico 912 como alternativa para apoyar las investigaciones judiciales contra el narcomenudeo.

En la propuesta se otorga el comando del "sistema nacional de denuncias sobre tráfico ilícito de estupefacientes" a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). "Para que la comunidad colabore con lo que sepa y vea día a día en su barrio y no tenga que temer por sus vidas proponemos que las denuncias sean anónimas", se señala entre los argumentos del proyecto.

Los legisladores apuntan a los riesgos de exponerse a denunciar a narcos. Las represalias son visibles en casos emblemáticos como el asesinato de Norma Bustos, en el barrio rosarino de La Tablada, luego de que promovió acciones contra los narcos que habían matado a su hijo. Una de las penetraciones más sólidas del narcotráfico, con sus delitos conexos, es su presencia territorial alrededor de los quioscos de drogas.

Las redes de importación y exportación rápida de grandes cargamentos de cocaína tienen en las calles menos incidencia real que el acopiador de un par de kilos de droga. Sobre ese eje se mueve el proyecto de un teléfono habilitado por ley para recibir denuncias anónimas y un esquema para monitorear la posterior reacción judicial-policial.

En mayo pasado, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló una encuesta de 5863 casos en la que se determinó que en casi la mitad de los barrios argentinos se venden drogas y que la gente sabe dónde están los quioscos. "Necesitamos de la colaboración de los vecinos de cada lugar", se lee en el proyecto de Fiad.

En Buenos Aires, Córdoba y Río Negro se implementaron números para denuncias de venta de droga. En esos casos la información es recibida por las policías; en cambio, la iniciativa legislativa da más peso inicial a la fiscalía antidrogas. En Santa Fe se pueden hacer denuncias anónimas en forma escrita en buzones colocados en edificios públicos. El sistema se inició en 2010 y no es aceptado por muchos fiscales y jueces, que descartan las denuncias anónimas. Las cámaras federales, en cambio, habilitan el inicio de las investigaciones con datos aportados por desconocidos.

Abogados de acusados por infracciones a la ley 23.737 de estupefacientes presentan de inmediato pedidos de nulidad cuando la causa se inicia con una denuncia anónima. Las opiniones judiciales están divididas en ese tema, por lo que una ley podría dar mayor argumentación al uso de ese esquema.

De todas maneras, la utilización de la denuncia anónima como arranque de una causa de venta de drogas es especialmente avalada por la presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa. Esa jueza firmó, el 12 de marzo pasado, un fallo en el que se rechazó el pedido de nulidades en un caso de comercialización de marihuana iniciado por la Policía de Mendoza a partir de una denuncia telefónica anónima. La sentencia fue compartida por sus colegas de la Sala III, Liliana Elena Catucci y Eduardo Riggi. Figueroa extendió el fundamento de su voto.

"No puede pasarse por alto que por la índole de los delitos imputados -tenencia de estupefacientes y transporte de estupefacientes- [la actividad] habitualmente se desarrolla bajo el amparo de organizaciones criminales complejas, por ende los ciudadanos que advierten circunstancias que permitan inferir el desarrollo de estas actividades delictivas no son propensos a denunciar indicando su identidad por temor a represalias posteriores por parte de los imputados o sus consortes. Esta situación justifica que se utilice esta figura para preservar la vida y la seguridad física de los denunciantes, así también como una herramienta necesaria para investigar, juzgar y sancionar delitos complejos como el narcotráfico", argumentó Figueroa al respaldar las denuncias anónimas.