El fiscal general de San Isidro, Julio Novo
En julio 2008 ejecutaron en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez a los colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto", y Jorge Quintero Gartner. En febrero de 2009, otro colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, fue muerto a balazos frente a un negocio de venta de jet ski en San Fernando. El fiscal Luis Angelini, a cargo de la investigación de esos crímenes, no tenía dudas de que detrás de los homicidios está el narcotráfico. Pero sostuvo que no había podido llegar al fondo de la cuestión porque su superior, el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, se lo impidió y le puso trabas. Finalmente, en octubre 2012 lo denunció.
Casi tres años después de esa denuncia del fiscal Angelini, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, ordenó ayer la declaración indagatoria de Novo y de cuatro de sus máximos colaboradores por el presunto delito de encubrimiento agravado.
Así lo informó a LA NACION una calificada fuente judicial. Novo será indagado por la jueza Arroyo Salgado el próximo 12 de noviembre. La magistrada hizo así lugar a la solicitud del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, que tiene delegada la causa judicial por la denuncia de Angelini.
En un primer momento la denuncia recayó en los tribunales federales porteños de Comodoro Py, donde por sorteo le tocó al juez federal Ariel Lijo, que se declaró incompetente. Entonces recayó en Arroyo Salgado. El expediente fue delegado al fiscal Domínguez, según informaron fuentes judiciales.
En los últimas horas del año pasado, por orden de Arroyo Salgado fueron allanadas tres dependencias de la Fiscalía General de San Isidro.
En su investigación de los homicidios de Duque Ceballos y Quintero Gartner, ocurridos el 24 de julio de 2008 en la playa de estacionamiento de Unicenter, Angelini vinculó al empresario argentino Gustavo Juliá, condenado en España por el trafico de casi una tonelada de cocaína que viajó oculta en un jet de lujo.
"Cabe destacar que del expediente a mi cargo surgen datos objetivos que permiten inferir como firme hipótesis el vínculo de Juliá [que recibió en Barcelona una pena de 13 años de prisión] con personas que guardan relación con el objeto procesal de esta causa [la investigación del doble crimen de Martínez], que las evidencias lo asocian al narcotráfico ilegal transnacional". sostuvo Angelini en un exhorto judicial de junio de 2013, donde pidió colaboración a los Estados Unidos y a España.
Relación entre hechos
El representante del Ministerio Público Fiscal agregó: "En efecto, en el curso de la investigación se ha podido establecer una relación entre los homicidios pesquisados y hechos asociados al tráfico internacional de drogas prohibidas, lo cual se desprende de distintos elementos de prueba, como ser la multiplicidad de comunicaciones telefónicas de presuntos partícipes del delito [el doble crimen de Unicenter] con abonados telefónicos a la titularidad del condenado [por Juliá]".
Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que, para Angelini, detrás de Juliá "existía un cartel desde donde habría provenido la autoría intelectual" del doble crimen. A la Justicia de los Estados Unidos el representante del Ministerio Público le solicitó "medidas de inteligencia reservadas".
En un dictamen firmado en 2012 Angelici pedía allanar la sede de la empresa Madero Office Center. Según informaron fuentes judiciales, uno de los puntos que pretendía dilucidar era la relación de Juliá con esa compañía. No poder avanzar más en esa dirección fue lo que originó la denuncia de Angelini contra Novo y los demás integrantes de la fiscalía general de San Isidro.
El sitio www.infojus.gov.ar, portal que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, recordó que no es la primera denuncia contra Novo. En 2010 cuatro fiscales de San Isidro le entregaron a la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo una denuncia en mano, firmada por 13 de los 46 fiscales de primera instancia, en la que denunciaban a Novo por ejercer "abuso psicológico" y "violencia laboral" y reclamaban su juicio político. En diciembre de ese año la Comisión Bicameral de Juicio Político rechazó el pedido.
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