Lavado de dinero narco: buscan a la esposa de un colombiano que fue asesinado en Recoleta

Jairo Salsarriaga, el sicario colombiano asesinado en Buenos Aires 

Por Federico Fahsbender (Infobae)

Viviana Alexandra Vargas Álvarez, venezolana según su pasaporte, llamativa y de aspecto sensual, no fue de mucha ayuda para la Justicia tras el asesinato de su marido, Jairo Saldarriaga, alias "Mojarro", sobre la calle Marcelo T. de Alvear en abril de 2012. Su declaración testimonial fue por lo menos escueta y por eso la Justicia pretende volver a convocarla.

En la primera ocasión, Vargas Álvarez afirmó que conoció a Saldarriaga en Colombia, que convivía con él en el país desde 2009, donde tuvieron un hijo. Dijo que su marido era ganadero, pero que no sabía de cuántas vacas era dueño; que tenía un campo en Concepción del Uruguay y que había varios empleados colombianos armados. Y reconoció que iba asiduamente a Bogotá, donde tenía varias propiedades. La mujer admitió también que a su marido le abundaban los enemigos.

Poco después de declarar, Vargas Álvarez se fue del país sin que nadie la frene y sin dejar rastros. Hoy, que hable es clave para la Justicia.

Los miembros del Tribunal Oral Criminal N°1 aprobaron el pedido de la fiscal de juicio Mónica Cuñarro, especialista en delitos complejos, para ubicar a Vargas Álvarez vía la embajada y el consulado colombianos en Buenos Aires y que venga al país para prestar su testimonio. Es una voz esencial para um proceso que le compete: el TOC N°1 juzga al presunto asesino de su marido,Jonathan Aristimuño, un joven oriundo de la Villa Tranquila de Avellaneda, que según lo acusa la Justicia le disparó once veces a Saldarriaga -ocho en el pecho y tres en la cabeza cuando ya estaba muerto- en un ataque a plena luz del día.

Que Vargas Álvarez haya dicho que a su marido le sobraban enemigos no es una subvaloración. Ex miembro de las FARC, el "Mojarro", fue ligado al poderoso traficante Daniel Barrera Barrera, un virtual sucesor de Pablo Escobar Gaviria, para el cual habría trabajado como jefe de sicarios. Fuentes judiciales porteñas lo vinculan a la masacre de dos colombianos en el shopping Unicenter en 2008.

Saldarriaga -que se movía en el país con el nombre falso de Carlos Brausín García- habría traicionado a su ex patrón, robándole una importante cantidad de efectivo y cocaína. Y la mención al "campo" en la zona de Concepción del Uruguay tampoco es caprichosa: el terreno, de 18 hectáreas, es el eje de una doble causa por lavado de activos y narcotráfico hoy llevada a juicio en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2, presidido por el juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova y con el fiscal de juicio Marcelo Agüero Vera. El dinero del "Mojarro" habría sido empleado para comprar el campo, cerca de 330 mil pesos.

El campo no habría sido solo una inversión con dinero sucio, sino también una base de operaciones en una estructura incipiente. La Justicia, a su vez, conecta al terreno con un intento de enviar 120 kilos de cocaína hacia Europa -el destino presunto era Italia- en un barco de bandera liberiana desde la Terminal Portuaria Río de la Plata S.A. Por este hecho hay cuatro argentinos enjuiciados, entre ellos un guinchero portuario y el responsable de containers vacíos del puerto. Ambos procesos fueron detallados por Infobae en las últimas semanas.

En el marco del juicio al presunto asesino de Saldarriaga, ocurrió semanas atrás una declaración que llamó poderosamente la atención de la fiscal Cuñarro y los jueces del tribunal: la del abogado Germán Fliess Maurer, que admitió recibir consultas del "Mojarro" y su familia para la realización de trámites migratorios. Indicó también que la mujer del ex FARC lo consultó por "una cuestión de bienes", precisamente, por el campo en Concepción del Uruguay. A raíz del testimonio de Fliess Maurer, los jueces del TOC N°1 ordenaron que la causa por lavado y narcotráfico del TOPE N°2 sea incorporada, confirman fuentes cercanas al proceso.

En su relato, Fliess Maurer contó detalles sorprendentes. Por ejemplo, afirmó que se presentó como abogado de Saldarriaga para reclamar meses después de la muerte del ex FARC la camioneta Honda CRV que el "Mojarro" manejaba con una cédula azul con su nombre falso en concepto de "honorarios", por trámites que no había llevado a cabo y por, según consignó él mismo, diversas apariciones mediáticas. Generó ciertas dudas: para la fiscal Cuñarro era difícil creer que un ex jefe de sicarios con una condena mafiosa sobre su cabeza quisiera radicarse en Argentina con su nombre real, el cual Saldarriaga le entregó a Fliess Maurer, según el propio testimonio del abogado.

Fuentes oficiales revelaron que alguien cercano al "Mojarro" pidió protección policial para Vargas Álvarez a días de la muerte del ex FARC. Pero para la joven viuda volver a Colombia no fue algo sencillo tras el bestial asesinato de su marido. Los periodistas Virginia Messi y Juan Manuel Bordón detallan en su libro Narcolandia: "Para Alejandra empezaron los días difíciles. Tuvo que ir a reconocer el cuerpo a la Morgue Judicial y comenzar los trámites para llevar a su marido a Colombia. Recién el 13 de noviembre logró que le entregaran algunos efectos personales de 'Mojarro': un reloj, una cadena y un bolso. Cuentan que la mujer, muy llamativa, llegó a Colombia y la estaban esperando los canales de televisión. Alguien la vio en la tele y no le gustó su actitud. Por eso le mandó un mensaje de texto: 'Respete el honor del muerto.' Cuentan que el remitente fue el mismísimo asesino de su esposo." Aún así, la fiscal Cuñarro no se amedrenta. Quiere oírla hablar en los tribunales de la calle Talcahuano.

Fliess Maurer llegó a Saldarriaga y a su mujer a través de uno de los nombres más repetidos en las crónicas narco de la última década: su cliente, Francisco Javier Duque Salazar, abogado, nacido en Pereyra Risalda, Colombia, y domiciliado en Buenos Aires según documentos judiciales en la calle Aráoz al 2900. Escriben Messi y Bordón en Narcolandia: "Cuando 'Mojarro' llegó a Buenos Aires, Duque Salazar se convirtió en su guía, asesor de negocios y socio." Ambos, asegura el libro, estuvieron juntos horas antes de que Saldarriaga sea asesinado.

Hoy, Duque Salazar está prófugo de la Justicia argentina, con un alerta de Migraciones en su contra: el fiscal Agüero Vera y el TOPE N°2, así como el Juzgado en lo Penal Económico N°8 a cargo de Gustavo Meirovich que tuvo la causa en una instancia previa, lo vinculan a la causa de lavado y narcotráfico y mantienen su interés para que comparezca. Su celular, confesaron fuentes cercanas al expediente, fue intervenido; resultaron escuchas comprometedora. Se detectaron también diversas conversaciones en clave con Gerardo Ruidíaz, principal acusado del juicio en el TOPE N°2. Las escuchas llevaron a allanar un domicilio en Vicente López, pero Duque Salazar ya no estaba ahí. La elevación a juicio sostiene que Duque se habría encargado de coordinar con Ruidíaz y otro sujeto prófugo, presuntamente colombiano, "la recepción de la mercancía a sus propios depósitos y luego la salida hacia el puerto" y que "habría ejercido el rol de aportar o financiar los valores con los cuales se realizaban las operaciones."

Con más de una década viviendo en Argentina, Duque Salazar había armado varios negocios y se movía sin demasiados problemas. Un tribunal neoyorquino lo acusó de narcotráfico en 2002. La Corte Suprema negó su extradición. Pero en 2004, Duque Salazar tuvo su condena porteña cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, integrado en ese entonces por los jueces Susana Castro de Pellet Lastra, Jorge Pisarenco y Enrique Carlos Schlegel, lo sentenció en un juicio abreviado a cinco años y once meses de cárcel por considerarlo partícipe del contrabando agravado con la comercialización en grado de tentativa de más de 14 kilos de una droga muy rara vez vista en el país: heroína. La sustancia, hallada el 3 de agosto de 2001 en 46 ladrillos en el doble fondo de una valija en el aeropuerto de Ezeiza, debía abordar un vuelo de la entonces Lanchile hacia Estados Unidos. Además, se lo condenó por el almacenamiento de otros doce kilos en una propiedad de Ramos Mejía.

Duque Salazar fue señalado, otra vez, como financista de la operación; se le halló una libreta detallada con múltiples contactos entre otras evidencias y el detalle de varios giros de dinero. Junto a Duque, fueron procesados casi una veintena de colombianos y argentinos, muchos de ellos finalmente absueltos.

Hoy, para ponerse a derecho ante la Justicia argentina, Duque Salazar pide garantías: precisamente, que lo eximan de prisión, algo que el juez Gustavo Meirovich ya le denegó dos veces. Fliess Maurer, abogado del colombiano, afirmó a Infobae: "Mi asistido manifestó que solicitó la exención de prisión a fin de colocarse a derecho en el proceso que se le sigue, una vez concedida la exención se colorará a disposición de Juez instructor y así poder ejercer su derecho de defensa en el proceso. Tal como lo establece el Código Procesal, la exención de prisión pretende evitar que se prive de su libertad a una persona durante el proceso. La condición de prófugo del imputado no hace obstáculo para el otorgamiento de su exención de prisión, aunque pueda influír al otorgamiento en su modalidad."

De vuelta en el juicio del TOPE N°2, Florencio Bogarín y Ariel Lértora, presos en el penal de Devoto, son el güinchero y el responsable de containers vacíos acusados de ser cómplices de la estructura narco: al primero se lo acusa de cargar la droga, al segundo, de elegir el buque y el container. El fiscal Agüero Vera pidió penas duras para ellos en su alegato: diez y siete años respectivamente. Miguel Ángel Pierri es el defensor de ambos. "Los durmieron", afirma el abogado, que ya alegó a favor de sus defendidos. Cerca de Lértora, con 20 años de trabajo en la Terminal, hablan de que desconoce a los miembros de la organización, como Ruidíaz, que el verdadero nexo es otro portuario implicado en la causa y hoy prófugo. También, deslizan una falta de chequeos en el momento del hecho en el puerto: "La droga podría haber entrado por cualquier lado, ni siquiera seguridad chequea los containers a veces, lo terminan haciendo los portuarios. Los bolsos con cocaína los pudo haber cargado hasta personal del barco", afirma una fuente. Desde la Justicia señalaron: "Hubo contenido suficiente para procesarlos."

Este viernes, Lértora, Bogarín y Ruidíaz recibirán su veredicto en el séptimo piso de Comodoro Py. La fiscal Cuñarro, por su parte, prepara un fuerte alegato contra el presunto asesino de Saldarriaga, en un juicio que tuvo una nueva audienca hoy en Talcahuano. Así, una importante estructura narco se vuelve un poco más clara.