Cultivadores de cannabis para uso medicinal piden el aval del Estado
Por Gabriela Origlia (La Nación)
Organizaciones de
cultivadores de cannabis constituyeron un Frente Nacional para insistir ante
las autoridades nacionales con su pedido de que se revierta el límite impuesto
en el proyecto de ley votado en la Cámara de Diputados, y pendiente de
tratamiento en el Senado, que autoriza el uso medicinal del alcaloide, pero
sólo si es el importado. Quieren que se les permita cubrir la demanda de los
pacientes sin ser criminalizados.
Alejandro Corda,
moderador del encuentro que terminó ayer y que reunió a 22 organizaciones,
explicó a La Nación que hay una persecución "creciente" de los
productores que proveen de cannabis a los pacientes con indicación médica.
"La demanda aumenta y la única respuesta surge de estos cultivadores
solidarios, no del Estado -continuó-. Diputados aprobó el acceso al cannabis
medicinal, pero empuja a la ilegalidad a quienes atienden esa necesidad".
La detención en el
partido bonaerense de Ezeiza, hace una semana, de Adriana Funaro -la
cultivadora de cannabis que fabricaba aceite con las flores de la planta para
combatir los dolores de su artrosis- renovó el debate. Después de tres días en
la comisaría de Monte Grande, la mujer cumple ahora prisión domiciliaria y
sigue procesada por el delito de "siembra o cultivo para producción de
estupefacientes", que tiene una pena de entre 4 y 15 años de prisión.
Funaro integra la
organización "Jardín del unicornio". Su compañero Nicolás Breg dijo a
la nacion que tienen capacidad para proveer aceites a una docena de pacientes:
"La iniciativa de Diputados no ofrece una solución real a los enfermos;
hace años que presentamos proyectos para que se autorice el autocultivo".
A su entender, ni el oficialismo ni la oposición tienen interés real en una
salida. La iniciativa, aprobada por la Cámara baja en noviembre, abre un
"período ventana" de importación hasta que el Estado esté en
condiciones de producir cannabis para uso medicinal.
Oportunidad en el Senado
Las organizaciones
cannábicas, pacientes y familiares insistirán con su planteo ante los
senadores. Importar una botella de 30 mililitros de aceite de cannabis desde
Uruguay o Chile cuesta, en promedio, unos 300 dólares. "Los trámites para
la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica [Anmat] son engorrosos y largos. Si no hay protocolo médico,
quien entra el aceite es considerado un narcotraficante", apuntó Breg. A
fines de 2016 la Anmat informó que aunque recibe muchas solicitudes para el
ingreso de productos farmacéuticos derivados del cannabis sólo autorizó los
destinados al tratamiento de la epilepsia refractaria de niños y adultos
jóvenes.
Delfina tiene tres años y
padece de microcefalia; se la trata con cannabis y su familia afirma que hay
avances. Sus abuelos participaron del pedido de libertad de Funaro.
"Jardín del unicornio" les entrega el aceite para la niña. Integrante
del Movimiento Manuel Belgrano y coordinadora en Córdoba de Mamá Cultiva,
Brenda Chignoli señaló que hay "desesperación" entre quienes piensan
que su aceite está "en riesgo".
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