El narcomenudeo, motivo de preocupación de los procuradores generales
Por Daniel Gallo (La Nación)
Los procuradores generales de todas las
provincias proponen un cambio del paradigma de persecución penal de las drogas.
Tras un encuentro en el que se analizó el problema del narcotráfico en la
Argentina, los jefes de los fiscales de los sistemas judiciales provinciales
llegaron a una conclusión: el actual sistema, en cabeza de la justicia federal,
"conduce a la impunidad del narcomenudeo". En consecuencia, piden a
los gobernadores que se adhieran a la ley 26.052, que saca del fuero federal la
lucha contra el comercio de estupefacientes.
Esa norma fue aprobada en el Congreso en 2005, a pedido de Buenos
Aires, y desde entonces muy pocas provincias aceptaron hacerse cargo de las
investigaciones sobre puestos de venta de drogas. Además de Buenos Aires, sólo
Salta, Córdoba y Entre Ríos impulsaron a sus tribunales a tomar las causas de
microtráfico.
Esa iniciativa siempre fue criticada por la
justicia federal, donde se tramitan los expedientes vinculados a la actual ley
antidrogas. Incluso, la Corte Suprema de Tucumán bloqueó, en 2015, la
aplicación en su territorio de la medida. Sin embargo, los fiscales
provinciales consideran hoy que es una medida necesaria para enfrentar la
narcocriminalidad.
"La solución de este
problema demanda una reacción urgente", se afirmó en el documento firmado
por los consejos federales de procuradores.
En su advertencia sobre
la necesidad de contar con más herramientas legales para frenar el avance
narco, los procuradores y fiscales provinciales afirmaron: "La actual
gestión judicial de los delitos de tráfico de drogas en el ámbito federal
conduce a la impunidad del llamado narcomenudeo o microtráfico, que es el
vínculo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico con la comunidad, ya
que la justicia federal se ha visto imposibilitada de abordar esta clase de
delitos".
Uno de los problemas
centrales en las investigaciones sobre drogas pasa por la importancia que se
asigna a cada eslabón de la cadena narco. Hasta hace muy poco tiempo los
juzgados federales dieron prioridad a la caza de zonas de acopio, de redes de
transporte y de organizaciones de traslado de droga al exterior. Incluso el
discurso público expuso a los vendedores minoristas como simples
"perejiles" cuya persecución penal sólo provocaba el desborde de la
actividad de los juzgados. Sin embargo, a fuerza de violencia en la lucha
territorial por los puntos de expendio, el narcomenudeo mostró su extrema
peligrosidad.
La rosarina banda de “Los
Monos” quedó enfocada como la concreta imagen de las bandas narcos que hoy se
mueven por la Argentina. Se trata de organizaciones criminales de escasa
complejidad, armadas a partir de lazos de sangre o de vecindad, que empiezan a
ser autosustentables en el abastecimiento de la materia prima y procuran tener
cada vez mayor poder de fuego.
Los ataques y venganzas narcos
ya son algo cotidiano en la Argentina. Y “Los Monos”, justamente, comenzaron a
ser desarticulados, no por la justicia federal rosarina, sino por los
tribunales provinciales, que conectaron causas de homicidios para perseguir al
violento grupo. Esa clase de bandas, las más visibles para la sociedad, son las
que piden enfrentar los fiscales provinciales.
En la declaración de los
representantes de los Ministerios Públicos Fiscales se considera
"exitosa" la experiencia de las provincias que se adhirieron a la ley
nacional de desfederalización de la lucha contra el microtráfico. La realidad,
en ese sentido, muestra contrastes y problemas de todo tipo.
Promovieron adoptar
decisiones similares en el resto de los distritos para conseguir "una
eficaz política de persecución penal que se traduciría en una similar presión
en todo el territorio nacional contra este fenómeno criminal".
Entre las críticas a la
desfederalización de la lucha contra las drogas aparece siempre el ejemplo de
policías provinciales penetradas por los narcos, con importantes jefes
detenidos, como ocurrió en Córdoba, Santa Fe, Formosa y, ayer mismo, en San
Juan.
Más allá de la posición
de los fiscales provinciales, el Gobierno también busca mayor resolución en
causas de narcotráfico.
Otras vías de acción
El Ministerio de Justicia
planteó la creación de fiscalías especializadas en drogas y contar con al menos
una docena de jueces sin límite de jurisdicción que puedan hacerse cargo de
investigaciones en varias provincias a la vez.
Con el consenso de la
Corte Suprema y de los jueces federales también se avanzará en acciones sobre
causas madre que permitirían golpes contra el narcomenudeo conectando
investigaciones antes aisladas. Eso abrió, por ejemplo, la puerta al masivo
ingreso preventivo de policías federales en la villa 31, de Retiro.
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