El juez federal Ariel Lijo
El juez federal porteño
Ariel Lijo ordenó ayer la entrega al gobierno porteño y a la Procuración
General de la Nación de tres inmuebles ubicados en el interior de la villa 31
que, según se comprobó, eran usados para la venta de drogas, para que en esos
lugares sean construidos una biblioteca, un centro educativos y otro de
formación profesional para beneficio de los habitantes del asentamiento del
barrio de Retiro.
Al hacer lugar a un
pedido del fiscal federal Jorge Di Lello, el juez Lijo decretó la entrega de
uno de esos domicilios a la Dirección de Acceso a la Justicia y su programa
Atajo, que dependen del Ministerio Público de la Nación, para la creación de
una "biblioteca popular de Derecho", y la cesión de los otros dos a
la Subsecretaría de Integración Social y Urbana del gobierno de la ciudad autónoma
de Buenos Aires para la construcción de un Centro de Desarrollo Empresarial y
Laboral y un Centro Educativo para Adultos.
En la resolución, el
magistrado explicó que se verificó que aquellos sitios eran utilizados
exclusivamente para llevar a cabo el tráfico de estupefacientes, por cuanto se
constató que allí "se comercializaban, almacenaban, fraccionaban y
distribuían las sustancias secuestradas, así como también servían para el
resguardo de armas de fuego".
Además, y tal como
publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Lijo advirtió la existencia de "fundados riesgos de que los
domicilios sean reutilizados para aquellos fines ilícitos, ya sea por otras
bandas o por integrantes de la misma organización criminal investigada que
están siendo buscados".
Tanto el juez como el
fiscal hicieron especial hincapié en la necesidad de dar respuesta a los
problemas que se suscitan en esta clase de investigaciones -en las que se
observa que el tráfico de estupefacientes afecta a uno de los sectores más
vulnerables- mediante la entrega de los inmuebles a los mencionados organismos
para favorecer la prevención de adicciones y la inclusión social.
La decisión fue adoptada
en el contexto de la causa por la cual el 22 de abril pasado fueron procesados
con prisión preventiva 14 acusados de tráfico de estupefacientes, integrantes
de una banda que llevaba a cabo su actividad ilegal cerca de establecimientos
educativos y deportivos y con la afectación a menores de edad a los que se les
proveían las sustancias narcóticas.
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