El juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación
Por Gabriel Di Nicola (La Nación)
Millonarios negocios
inmobiliarios e inversiones en el mundo del fútbol habrían sido los rubros
elegidos por una poderosa organización narcocriminal, liderada por ciudadanos
colombianos, para hacer ingresar en el mercado legal el dinero obtenido por el
tráfico de cocaína.
El juez federal Sergio
Torres y los fiscales Diego Iglesias y Carlos Gonella investigan al menos 80
hechos de lavado de dinero de parte de uno de los desprendimientos del poderoso
cartel colombiano del Norte del Valle.
Según agregaron a LA
NACION fuentes de la investigación, la semana pasada, el juez Torres ordenó una
serie de inspecciones y registros domiciliarios para buscar documentación sobre
las presuntas operaciones de lavado de dinero de la organización narcocriminal.
Esta organización habría
hecho inversiones también en un depósito fiscal del sur del conurbano
bonaerense y en un emprendimiento inmobiliario en el Delta del Paraná.
Los negocios en el ámbito
del fútbol que se investigan datan de 2014, cuando los sospechosos
"compraron la comercialización de las boleterías" de dos partidos
amistosos que jugó la selección Colombia en la cancha de San Lorenzo durante su
preparación para el Mundial de Brasil de 2014. Un encuentro fue contra Senegal
y el otro contra Jordania, según informaron fuentes judiciales.
También, según lo que se
desprende del expediente judicial, los sospechosos firmaron un contrato para
asesorar a jugadores de fútbol de un equipo que ahora está en la Primera D y
que poco tiempo atrás supo jugar el torneo de la B Nacional.
El caso, por el que
estaba procesado el abogado Guillermo Heisinger, ex subsecretario de
Coordinación del Ministerio del Interior en la primera gestión de Carlos Menem,
salió a la luz en septiembre pasado cuando la Gendarmería Nacional secuestró en
Rosario entre 30 y 40 kilos de cocaína ocultos en 46 toneladas de arroz que
estaban por ser exportadas a Guinea Bissau, en África.
En realidad se trataba de
una investigación que tenía más de un año, en la cual el juez Torres, su
secretaria Verónica Bresciani y su equipo de trabajo, con la colaboración de la
Gendarmería Nacional, estaban detrás de los sospechosos, pero todo se precipitó
el mes pasado cuando se descubrió que la organización narco estaba por sacar la
droga en el cargamento de arroz.
"En los eslabones
superiores de la cadena de distribución detectada en este país, que respondería
a la organización con base en Colombia, se encontrarían quienes tendrían como
función principal la administración de los recursos, tanto materiales como
personales, impartiendo las directivas necesarias para la concreción de las
actividades de relevancia para la banda y también fiscalizando las funciones
desplegadas por quienes los subordinan", sostuvo el juez Torres en la
resolución de octubre pasado donde procesó a 13 sospechosos.
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