La frontera entre Argentina y Bolivia, separada por pocos metros de agua
Por Yamile Abraham (El Tribuno, Salta)
La acusación contra el juez federal de
Orán, Raúl Reynoso, de dejar libre a narcotraficantes a cambio de coimas,
terminó de configurar lo que en la frontera se dice a gritos pero que
kilómetros adentro en el mapa suena a susurro: el poder narco se infiltró en
instituciones y en fuerzas de seguridad.
Hasta hace pocos años, los casos de
gendarmes, policías y funcionarios involucrados con el tráfico de estupefacientes
eran esporádicos. Pero eso cambió. Como esa sensación de que los tiempos se
aceleran, el lapso entre caso y caso se acortó abruptamente.
Lo que no está en claro hasta aquí es
cuánta dimensión y hasta dónde llegaron ya los tentáculos de las organizaciones
delictivas.
"Jamás hay que descartar nada, y menos
subestimar el poder corruptor del narcotráfico". Eso dijo el ministro de
Seguridad de la Provincia, Alejandro Cornejo D'Andrea a El Tribuno, solo horas
después de que allanaran el Juzgado Federal de Orán y dispusieran siete
detenciones el miércoles pasado. No es la primera vez que habla del "poder
corruptor". El 28 de abril, luego de la detención de un policía con 74
ladrillos de cocaína, admitió la vulnerabilidad de la fuerza de seguridad provincial:
"Claramente tenemos un cabo que estaba infiltrado en la Policía y
efectivamente es un delincuente que trabaja con el narcotráfico", dijo
entonces.
"Acá el narcotráfico es tan complejo
que los que lo combaten terminan transando con él", aseguró una fuente vinculada
a la lucha contra el narcotráfico que pidió reserva.
Uno de los primeros hechos fue el que tuvo
como protagonista al jefe de la División Antidrogas de Tartagal y otros dos
policías, quienes el 8 de abril de 2003 fueron detenidos con 50 kilos de cocaína
en el cruce de las rutas 34 y 81. El cargamento fue hallado por gendarmes que
revisaron un automóvil en el que viajaban el entonces comisario Jorge Montoya,
el oficial Damián Yapura y el cabo Néstor Ordóñez, quienes prestaban servicios
en la Brigada de Investigaciones de Tartagal.
Un
año clave
En 2005 ocurrieron dos casos históricos por
su gravedad.
El 17 de octubre se conoció la condena más
enérgica de la historia salteña en materia de narcotráfico. Jorge Martín
Dubiel, un ex segundo comandante de Gendarmería, fue penado con 15 años de
cárcel. Un año antes, Dubiel había sido sorprendido cuando recogía 280 kilos de
cocaína arrojados desde una avioneta narco en la finca Cabeza de Anta, a unos 35 kilómetros de
Apolinario Saravia. El caso se conoció entonces como "lluvia blanca".
Una semana después se habían encontrado otros 380 kilos de la droga en un
vehículo del ex gendarme, en la playa de una estación de servicios de Metán.
El otro caso resonante afectó a la Policía
Federal. El 2 de diciembre de 2005, la Justicia Federal de Jujuy puso tras las
rejas al exjefe y al ex subjefe de la Policía Federal de Salta, Carlos Alberto
Díaz y Edmundo José Osler, por el "narcoescándalo" descubierto ese
año. El 8 de mayo, cuatro policías federales que habían partido en una
camioneta desde Salvador Mazza a Salta volcaron en la ruta nacional 34, a la altura de San Pedro
de Jujuy. Cuando llegaron los policías de la vecina provincia a asistirlos
descubrieron 120 kilos de cocaína. Díaz y Osler fueron considerados
"partícipes necesarios" del transporte y quedaron tras las rejas.
Este hecho tiene una clave más: según los
policías federales quien autorizó el transporte de la droga del norte a Salta
fue el juez Reynoso, algo que en el juicio no se pudo comprobar.
Dos
policías destacados
Seis años después, el 25 de mayo de 2011,
el subcomisario Gabriel Giménez -entonces jefe de Inteligencia Criminal de la
Policía de Salta- y el oficial principal Carlos Gallardo fueron detenidos
acusados de transportar 50 kilos de cocaína que habían sido arrojados en un
camino cerca del paraje El Algarrobal, en jurisdicción de General Güemes.
"Ese fue uno de los golpes más duros
para la Policía; ellos eran reconocidos incluso por sus pares; fueron
entrenados para luchar contra el narcotráfico, sabían idiomas, llegaban siempre
antes a los delitos y terminaron involucrados", dijo la fuente.
En los diez meses que pasaron de 2015,
policías, gendarmes y hasta empleados municipales también aparecieron
relacionados con el negocio del transporte y venta de drogas.
Uno de los más escandalosos ocurrió el 28
de abril, cuando un policía del Sistema 911 de Orán fue detenido con 74
ladrillos de cocaína en el acceso a la ciudad de Salta. El ex cabo Ángel
Urzagasti fue detenido por Gendarmería. Y junto con él también fue arrestado un
empleado de la Municipalidad capitalina, de apellido Rueda. Esa droga, se dijo
entonces, tenía como probable destino un mercado fuera de la Argentina.
No fue el primer caso que rozó al municipio
capitalino. El 2 de agosto de 2012 había sido detenido Carlos Sebastián Guitián
cuando acababa de hacer una entrega de marihuana en el barrio Santa Ana de la
capital. Al principio, para zafar, dijo ser "chofer del intendente",
pero luego se supo que no lo era y que había abusado de la confianza de una
persona que sí trabajaba en la comuna y tenía a su cargo la camioneta en la que
se le encontró la droga.
El Servicio Penitenciario no estuvo impune.
El 2 de mayo, el hijo del director del Régimen Correccional, prefecto mayor
Wilfredo Orellana, fue hallado con 225 gramos de marihuana en su poder. La droga
fue secuestrada del auto particular del funcionario, quien fue separado de su
cargo, al igual que su esposa, Cristina Reyes, directora entonces de la Unidad
N° 4 de Mujeres.
Otro hecho fue el arresto de tres gendarmes
que integraban una banda dedicada a enviar cocaína desde Salta hasta Córdoba en
encomiendas, el 9 de septiembre pasado..
Un
problema complejo
Un funcionario que aceptó dialogar con El
Tribuno a cambio de no ser identificado relativizó la idea de una infiltración
masiva. "Algo así implicaría que hasta los mandos superiores estuvieran
involucrados, y eso aún no sucede", consideró. Y en ese contexto estimó:
"Los casos encontrados en la Policía, en Gendarmería y en la Justicia no
son estructurales. Más aún, el problema de Orán es que es el juzgado más
cercano a la frontera".
El narcotráfico plantea un problema que,
claro está, va más allá de las infiltraciones en los poderes del Estado.
Existen una serie de hechos y situaciones que conforman una tensa red en torno
a este delito.
Uno de ellos es, efectivamente, la soledad
del Juzgado Federal de Orán, algo que el mismo Reynoso dijo varias veces, y la
tardanza en poner en funcionamiento el Juzgado Federal de Tartagal, creado por
ley en noviembre de 2011.
La escasez de recursos también figura entre
los factores a analizar y solucionar.
En 2013 miles de efectivos
de Gendarmería fueron enviados por el Gobierno nacional al conurbano bonaerense
para reforzar la seguridad allí. Esos efectivos fueron trasladados de todo el
país, entre ellos cientos dejaron la frontera norte.
Este año el Gobierno nacional hizo un acto
en Orán en el que desplegó 300 nuevos gendarmes en los departamentos San
Martín, Orán y Rivadavia. Y la semana pasada se dijo que habían llegado a Orán
otros 200 más. Sin embargo, fuentes locales aseguran que no son suficientes.
La falta de infraestructura carcelaria
también es evidente. La provincia de Salta, con miles de detenidos por
narcotráfico, tiene solo una cárcel federal ubicada en General Güemes y está
hacinada casi desde el día después de su inauguración, en 2011. La
superpoblación en las unidades de Orán hizo crisis en 2013, cuando fueron liberadas
36 personas detenidas por tráfico de drogas. La decisión fue del juez Reynoso y
generó no poca polémica.
Los asesinatos de personas vinculadas al
narcotráfico a manos de sicarios también ganaron espacio en la provincia.
El 5 de mayo de 2010 el naviero bonaerense
Julio César Trama fue asesinado en Salvador Mazza. Fue ultimado por querer
comprar una finca en un territorio clave en la ruta de la droga. Su cuerpo
apareció quemado y en un bolsillo del pantalón tenía 30.000 dólares, un claro
mensaje mafioso. Fue uno de los primeros y más impactantes crímenes.
Otro caso notorio ocurrió el 10 octubre de
2012, en Acambuco. A metros de un arroyo, tres hombres fueron acribillados en
un auto: Tomás Horacio López, Juan Carlos Callejas y José Andrés Plata Ortega.
Más todavía: ese año hubo 7 crímenes vinculados con estupefacientes.
El microtráfico no es un problema menor. El
fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, dijo a El Tribuno en 2010 que los
barrios de Orán "están contaminados de drogas".
En el distrito Centro del Poder Judicial
salteño se iniciaron 1.200 causas entre el 1 de enero de 2014 y 15 de
septiembre de este año.
Hechos y números muestran con claridad la
permeabilidad de la frontera norte argentina.
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