La jueza Alejandra Rodenas, quien indagará a cuatro efectivos por el allanamiento en la "narcochacra"
Por María Laura Cicerchia (La Capital, Rosario)
Dos años y medio después del turbio
allanamiento a la "narcochacra" de la localidad de Alvear y el
reiterado pedido de una fiscal para que se investigue por anomalías a los jefes
policiales del operativo ha prosperado, un juzgado de Instrucción de los
Tribunales rosarinos abrió una causa en la que está pendiente indagar a cuatro
comisarios por los delitos de incumplimiento de sus deberes y la sustracción de
objetos de prueba del lugar allanado. Esto último, tras comprobarse en la
filmación del procedimiento que un efectivo retiró una bolsa de consorcio de
contenido ignorado al grito de "bueno, bingo, efeté". La apertura del
expediente se concretó de manera tardía luego de cuatro pedidos idénticos de la
fiscalía y de la misma Cámara Penal que nunca se cumplieron.
La causa fue iniciada por la jueza
provincial Alejandra Rodenas, quien al achicarse el viejo sistema penal y pasar
al nuevo sistema muchos de sus colegas, quedó a cargo del juzgado que estaba en
turno durante el operativo, es decir Instrucción Nº 4. La medida se produjo un
mes y medio después del juicio oral en que tres jueces federales absolvieron a
cuatro acusados por el hallazgo de 18 kilos de droga en un chiquero de la
chacra. En cambio, ordenaron indagar a tres policías por plantar el
estupefaciente, que se estima "transportado y almacenado por ellos"
mismos en un operativo fingido.
El mes pasado la fiscal Nº 1, María
Alejandra Rodríguez, reiteró un viejo pedido para que se investigue el accionar
de los policías que participaron del operativo. Algo que el año pasado también
ordenó la Sala III de la Cámara Penal pero nunca se concretó.
En ese marco, días atrás la jueza Rodenas
le dio curso al reclamo y ordenó medidas. En esa causa de demorada apertura
está pendiente el pedido de indagatoria a cuatro jefes policiales por los
delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de
autoridad y sustracción, ocultación o destrucción de objetos destinados a
servir de prueba ante la autoridad.
Qué
pasó en la chacra
El sonado allanamiento se concretó el 4 de
abril de 2013 en una chacra cuyo titular era Diego Cuello y situada en el
camino a Cargill de la localidad de Alvear, a unos 6 kilómetros al este
de la autopista Rosario-Buenos Aires. Hasta allí llegó una numerosa comitiva
integrada por policías de la comisaría 5ª, la Agrupación de Orden Público, la
Inspección 5ª zona, la Guardia de Infantería, el Comando Radioeléctrico y la
Brigada Motorizada.
Llevaban una orden de allanamiento firmada
por el entonces juez de Instrucción Nº 4, Juan Carlos Vienna, para buscar un
cargamento de electrodomésticos robados dos días antes en un depósito de la
empresa Calatayud, en el macrocentro rosarino. Los policías no encontraron lo
que buscaban, pero sí hallaron drogas y armas.
En el lugar fueron detenidos el nombrado
Cuello, su esposa, el casero de la chacra, un empleado del lugar, otro hombre
que no se presentó en el juicio federal y Miguel Angel "Japo"
Saboldi, quien murió ocho días después junto a otros dos internos en un incendio
provocado en la alcaidía de Jefatura donde se hallaba detenido.
Por el hallazgo de 18 kilos de droga
(marihuana y cocaína) en un pozo séptico del chiquero, cuatro acusados fueron
sometidos en septiembre pasado a un juicio oral en el que todos terminaron
absueltos. No por su participación en el hecho sino por las groseras
irregularidades del operativo policial registradas en un video.
Ante eso, el fiscal Adolfo Villate optó por
retirar su acusación. Y los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y el santafesino
José María Escobar Cello le dieron luz verde al pedido del fiscal para que tres
policías sean acusados de plantar la droga. Es que en la filmación del
allanamiento se los ve merodear por el pozo séptico minutos antes del
"hallazgo" oficial de la droga. Esa nueva causa se inició la semana
pasada en la fiscalía federal a cargo de Santiago Marquevich.
Los jueces también pidieron investigar el
rol del juez Juan Carlos Vienna, cuya conducta en la causa contra la banda de
Los Monos examina por estas horas la Corte Suprema de Justicia de la provincia
después de que la Procuraduría elevara su informe.
En el juicio federal por la narcochacra,
Cuello denunció que el juez Vienna montó el operativo en su finca para forzarlo
a declarar contra la banda de Los Monos. Es que por entonces Vienna investigaba
el crimen de Martín "Fantasma" Paz, ocurrido el 8 de septiembre de
2012. Y Cuello fue la última persona en hablar con él minutos antes de que lo
acribillaran desde una moto en Entre Ríos y 27 de Febrero.
En la chacra además se secuestraron dos
pistolas y tres escopetas, por lo que se inició una investigación paralela en
la Justicia provincial. El expediente se abrió en el juzgado de Instrucción Nº
14 porque Cuello tenía allí un antecedente por encubrimiento. Pero la causa no
prosperó por las falencias del operativo que hicieron caer el juicio en los
Tribunales federales. Sólo quedó procesado Cuello (en libertad) por la tenencia
de un arma en otro domicilio de la zona sur rosarina. Una causa que está en
juicio escrito en el juzgado de Sentencia Nº 4 a cargo de Julio Kesuani.
Lo
hecho y lo pendiente
En aquel momento, cuando sólo había pasado
un mes de la requisa a la chacra, la entonces fiscal Lucía Aráoz pidió indagar
a varios jefes policiales por las anomalías. Al tiempo reiteró el planteo y un
año más tarde lo ordenó la Cámara, pero el reclamo nunca prosperó. La
inexistencia de la causa fue constatada el mes pasado por la fiscal Rodríguez,
quien reemplazó a Aráoz tras su jubilación. Por eso volvió a pedir su apertura
en el juzgado de Instrucción 4, que estaba en turno cuando se allanó la
narcochacra.
Finalmente, la postergada causa fue abierta
por Rodenas, quien ya dio curso a algunas de medidas: elevó un pedido de
informes al juzgado de Kesuani y envió oficios a la Justicia federal para
conocer el resultado del juicio por la narcochacra y detalles de la nueva causa
que instruye Marquevich.
A
declarar
En tanto, está pendiente el pedido de
indagar a cuatro jefes policiales. Uno es el comisario principal José María
Brunelli, ex jefe de la comisaría 5ª que pidió la orden de allanamiento a la
chacra sin tener una lista de lo robado en la firma Calatayud. Lo hizo en base
a un informe de Orden Público que, con datos anónimos, sindicaba a un tal
"Cuellito" como pirata del asfalto.
Otro es el comisario inspector José Hugo
Cabral, actual jefe de la Unidad Regional VI de Villa Constitución y entonces
jefe de Orden Público, la agrupación que firmó el informe de inteligencia. Se
suman el comisario inspector Claudio Peralta, jefe de la inspección de zona con
jurisdicción en la chacra; y el comisario Jorge Álvarez, jefe por entonces del
Cuerpo Guardia de Infantería.
En su pedido de indagatorias, la fiscal
remarcó que "en dicho procedimiento tuvieron lugar una serie de irregularidades
y desprolijidades que revelarían un cierto incumplimiento de las funciones
públicas perseguibles de oficio, resultando prudente realizar un minucioso
análisis de los CDs en que grabaron el allanamiento".
Rodríguez puntualizó que "al
flanquearse el ingreso a la propiedad se observa a un uniformado que al grito
de «bingo» toma una bolsa color negra de nailon que se encontraba sobre una
mesa y, frente a la misma cámara sale corriendo hacia donde se encontraban
estacionados unos vehículos. Sin embargo nunca se inventarió el secuestro de
dicha bolsa".
Por último hizo constar que en la filmación
"también se observa que en un cajón se habría hallado moneda de curso
legal y extranjera, pudiendo tratarse de euros y reales, sin haberse detallado
en el acta de procedimiento". Todos puntos oscuros que la tardía
investigación deberá dilucidar.
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