Comenzó el juicio contra un grupo vinculado al cartel de Cali

Parte de los 700 kilos de cocaína secuestrados en abril de 2012

Veintidós personas, la mayoría de origen colombiano, comenzaron a ser juzgadas en los tribunales federales de La Plata acusadas de integrar una banda vinculada con carteles narcos de ese país, en cuyo poder se secuestraron más de 700 kilos de cocaína.

Se trata de una organización desbaratada en un operativo conocido como Luis XV, durante el cual se decomisaron 253 kilos de cocaína de dos galpones situados en la localidad bonaerense de Lanús. Allí, los estupefacientes eran escondidos dentro de muebles de estilo que tenían previsto enviar a Europa y los Estados Unidos.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal N° 2 de La Plata, integrado por los jueces Jorge Michelli, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo. En él se acumularon otras causas vinculadas a la misma banda.

Entre las operaciones que se incluyeron figura la que se conoció cuando efectivos de la Prefectura Naval hallaron 444 kilos de cocaína ocultos en el velero Traful, de bandera estadounidense, que había partido desde el puerto bonaerense de Berisso y se dirigía a Uruguay.

De acuerdo con la acusación que en el juicio oral lleva adelante el fiscal federal Marcelo Molina, la banda era liderada por el poderoso narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, de 54 años, que fue detenido en la Argentina en marzo de 2011. Dos años después fue extraditado a los Estados Unidos, por lo que no será juzgado en La Plata, en el proceso que -en función de las audiencias pautadas- podría culminar en febrero próximo.

Según la acusación que fue leída en la primera audiencia del juicio, "se trata de un grupo organizado de personas, algunas de las cuales tienen vinculación con desprendimientos de carteles narcos colombianos que vinieron a instalarse a la Argentina, muchos con origen en el cartel de Cali", indicó la agencia Télam.

Para el fiscal, la investigación estableció que la banda tenía una importante estructura conformada por dos grupos: uno dedicado al narcotráfico y otro, al lavado de los activos provenientes de esa actividad.

Por eso, en el juicio también son querellantes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que hicieron importantes aportes a la causa y trabaron embargos sobre bienes de la banda por más de 920 millones de pesos.

Mediante empresas "fantasma", los imputados adquirían bienes con el dinero proveniente del narcotráfico, principalmente propiedades en countries y en Nordelta, donde vivían algunos integrantes.

Una fuente judicial explicó a Télam que a lo largo de la investigación la causa acumuló más de 30.000 fojas, en las que se adjuntaron más de 73 anexos de escuchas telefónicas y mensajes de textos de las comunicaciones de la banda.